El expresidente de México, Ernesto Zedillo, quien gobernó entre 1994 y 2000, advirtió este domingo que la propuesta de reformar el Poder Judicial, permitiendo que los jueces sean elegidos por voto popular, amenaza con destruir su independencia y someterlo a los intereses del grupo político en el poder.

Zedillo pronunció estas palabras durante el discurso inaugural de la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo del 15 al 20 de septiembre en la Ciudad de México.

En su intervención, el exmandatario alertó que “las modificaciones propuestas llevan, en última instancia, a la destrucción del Poder Judicial y a la desaparición de otras instituciones autónomas del Estado, esenciales para la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo del país”.

Zedillo también subrayó la relevancia del Estado de derecho para que las sociedades, especialmente en América Latina, puedan alcanzar su pleno desarrollo.

A este evento de apertura también asistieron la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y los ministros Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán.

La magistrada presidenta Mónica Soto enfatizó que el Tribunal Electoral tomará decisiones sobre la asignación de plurinominales con base en la democracia y el Estado de Derecho, sin dejarse influenciar por amenazas o presiones recibidas a nivel personal, institucional y familiar.

A pesar de las críticas, presiones externas y amenazas, tanto directas como indirectas, hacia ella, su entorno institucional y familiar, Soto subrayó que el Tribunal continuará juzgando con libertad y apego a la ley, defendiendo la imposición del derecho sobre cualquier otra expectativa. Enfatizó que el Estado de Derecho debe prevalecer y la democracia prosperar.

Antes de iniciar la sesión en la que se decidirá la asignación de escaños en el Congreso de la Unión, Soto destacó que en las elecciones del pasado 2 de junio, la ciudadanía expresó su voluntad en las urnas, y es deber de la Sala Superior respetar esa decisión, actuando conforme a las leyes vigentes.

La magistrada reiteró que el Tribunal tiene la responsabilidad de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, asegurando que las decisiones del pleno se alineen con las reglas y normas previamente establecidas para la competencia electoral. Señaló que la decisión del Tribunal debe basarse estrictamente en la ley, dejando de lado cualquier influencia política o social.

Soto también recalcó que el Tribunal Electoral es la única autoridad con la facultad de resolver de manera definitiva la integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Recordó que la Constitución Política establece al Tribunal como el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima autoridad en materia electoral, por lo que sus decisiones son estrictamente jurisdiccionales, independientemente de cualquier consideración política, económica o cultural.

Los primeros proyectos que se debatieron fueron los encabezados por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, los cuales incluyen impugnaciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Estos proyectos respaldan la decisión del INE, que otorgó a la coalición Morena-PT-PVEM una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, quedando a tres escaños de alcanzar la misma situación en el Senado.

Heraldo Muñoz, jefe de la misión de observadores electorales internacionales, expresó su preocupación por la violencia que afecta al país en el contexto de las elecciones del 2 de junio. “Nos inquieta la inseguridad y las tensiones resultantes”, afirmó Muñoz, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

Muñoz subrayó que su misión se centra en el proceso electoral, no en los resultados, destacando el respeto de la OEA por el derecho interno y la libre expresión de los ciudadanos mexicanos. Estas declaraciones las hizo tras reunirse con Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

La delegación, compuesta por cerca de cien observadores provenientes de 24 países, se desplegará por todo México. Muñoz resaltó el compromiso democrático del pueblo mexicano y expresó su confianza en que la participación ciudadana superará la violencia y el miedo presentes en algunos sectores. También condenó cualquier acto de violencia y abogó por la justicia para las víctimas, esperando que el estado de derecho establezca las responsabilidades pertinentes.

Durante su visita, la delegación se reunirá con las ministras de Relaciones Exteriores, Gobernación y Seguridad, Alicia Bárcenas, Luisa María Alcalde y Rosa Icela Rodríguez, respectivamente. Además, están programados encuentros con las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, así como con Jorge Álvarez Máynez y los aspirantes a la jefatura de gobierno de la CDMX, Santiago Taboada y Clara Brugada. También mantendrán reuniones con miembros de la sociedad civil, académicos, diplomáticos y representantes de partidos políticos.

Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, subrayó que los delitos graves, tal como se enumeran en el Artículo 19 de la Constitución, no son elegibles para la amnistía. Esta aclaración llega tras la aprobación de la reforma a la Ley de Amnistía el 24 de abril, que introdujo cambios significativos.

El legislador explicó que para que se conceda amnistía, se necesitan nuevos elementos que el juez original no haya tenido al momento de analizar el caso. Aseguró que la reforma respeta el Estado de derecho y los derechos humanos, manteniendo un equilibrio en el sistema legal.

La adición del Artículo 9 a la Ley de Amnistía permite otorgar amnistía de manera directa en ciertas circunstancias. Según Mier Velazco, esta modificación es un paso importante hacia un país más justo, asegurando que no se abra la puerta a violaciones a la libertad de las personas. “Lo más relevante es que siempre queda una alternativa, una posibilidad, que, sin violentar la ley, le dé la oportunidad al país de que tengamos verdaderamente un país con plena justicia”, declaró el legislador.

En el pleno de la Cámara de Diputados, donde se aprobó el dictamen el 24 de abril, Mier Velazco recordó las “etapas negras” de la historia de México, como el movimiento estudiantil de 1968, donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Dijo que la reforma busca evitar que situaciones similares se repitan y garantizar que el Estado de derecho prevalezca, siempre con respeto a los derechos fundamentales.

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, ha solicitado la cooperación del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para observar el proceso electoral del 2 de junio en México.

En una carta dirigida a Almagro, Gálvez expresó su preocupación por el debilitamiento institucional y la creciente violencia en el país, que podrían convertir las próximas elecciones en las más violentas de la historia, con seis aspirantes a cargos públicos asesinados hasta el momento.

Desde Washington, Gálvez alertó sobre la violencia política digital, destacando 85 agresiones contra diversos actores políticos. En su comunicación, subrayó la necesidad de la observación electoral de la OEA en coordinación con las autoridades mexicanas, antes del día de las elecciones.

La precandidata también resaltó el riesgo de intervención de servidores públicos en el proceso electoral y la inadecuada conformación de las autoridades electorales, enfatizando la importancia de prevenir cualquier intervención que ponga en riesgo la integridad electoral y el Estado de derecho.

Además de su encuentro con Almagro, Gálvez se reunió con el congresista Michael McCaul y miembros de la Cámara de Comercio de EE. UU. Asimismo, mantuvo un diálogo con estudiantes de la Universidad de Georgetown, quienes expresaron su preocupación por el aumento de la delincuencia en México.

En redes sociales, Gálvez anunció que una vez iniciadas las campañas electorales, presentará propuestas concretas para combatir la delincuencia y recuperar la seguridad en el país. También criticó las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el Ejecutivo Federal, calificándolas como un intento de distraer la atención de los problemas que aquejan a la sociedad mexicana.