Fiscalía Especializada en Delitos Electorales enfrenta elecciones 2024 con recursos limitados y numerosos desafíos

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) enfrenta las elecciones de 2024, las más grandes en la historia de México, con un aparato administrativo reducido, más de 4,000 investigaciones pendientes de comicios anteriores y un presupuesto menor que en 2018 y 2021.  Así lo revela un informe de la propia Fiscalía y diversas fuentes consultadas por el medio Animal Político.

Las elecciones del 2 de junio de 2024 incluyen la elección presidencial y más de 20,000 cargos públicos. La FISEL, además de lidiar con la carga administrativa, enfrenta problemas como el uso de programas sociales para fines electorales, financiamiento ilícito de campañas, violencia, fraude electoral y compra de votos, entre otros.

Arturo Espinosa, abogado especializado en temas electorales, criticó la falta de acción de la Fiscalía: “Vemos malas prácticas que deterioran la calidad de las elecciones y una autoridad que no cumple con su trabajo”.

El Estatuto Orgánico de la FGR, publicado el 19 de junio de 2023, definió la estructura de la FISEL, pero su aparato administrativo sigue siendo insuficiente, según reconoció el fiscal José Agustín Ortiz Pinchetti en el informe anual de actividades de 2023.

Pese a contar con una Ventanilla Única que atendió a 4,561 usuarios y recibió 279 denuncias ciudadanas en 2023, muchas investigaciones no avanzaron debido a diversos obstáculos procesales.

El presupuesto asignado a la FISEL para 2024 es de 198 millones de pesos, un recorte del 7.3% respecto a 2018 y del 6.5% respecto a 2021. Este recorte es significativo dado el número de cargos públicos en disputa y la importancia de garantizar elecciones limpias y justas.

Arturo Espinosa destacó la incongruencia entre el discurso y la acción de las autoridades: “Hablan de combatir el fraude electoral y promover la democracia, pero recortan el presupuesto de las instituciones encargadas de perseguir y prevenir estas prácticas”.

Estos recortes presupuestales afectan la seguridad electoral, pues la Fiscalía, a través de su Dirección General de Política Criminal y Vinculación, también elabora análisis de riesgo para planificar acciones durante la jornada electoral.