La reforma para Pueblos Indígenas y Afromexicanos que divide opiniones

En un acontecimiento que muchos califican como histórico, la Cámara de Diputados de México aprobó con 37 votos a favor y cero en contra una reforma constitucional que otorga personalidad jurídica a los pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, el consenso no fue sin controversia, y mientras algunos celebran la decisión como un gran paso hacia la justicia histórica, otros insisten en que la reforma se queda corta en su alcance y profundidad.

 

Durante la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, los diputados dieron luz verde a la iniciativa presidencial que reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este reconocimiento legal es considerado por muchos como un avance significativo en la lucha de estas comunidades por la autonomía y el respeto a sus derechos ancestrales.

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fue enfático en su discurso al señalar que “la reforma al artículo 2 de la Carta Magna incluye una Constitución muy completa a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos”. Según Robledo Ruiz, este dictamen es el resultado de un proceso inclusivo que incorporó diversas propuestas de distintos grupos parlamentarios, y añadió que “se salda una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.

 

No obstante, no todos compartieron el optimismo del diputado Robledo Ruiz. Paulina Rubio, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), fue contundente al expresar su desacuerdo. “No puedo sostener ese tono de algarabía que escucho en todos nuestros compañeros”, señaló Rubio, argumentando que “esta reforma está mocha, incompleta”. Rubio reveló que, en reuniones con la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, surgieron preocupaciones respecto a que la reforma no abarca todos los puntos necesarios para satisfacer las demandas de estas comunidades.

 

La diputada Rubio reconoció que el PAN tenía la obligación de apoyar esta iniciativa, al considerar que es “un pequeño paso”, pero insistió en que no es suficiente. En su intervención, hizo un llamado al grupo mayoritario para que, en el futuro, se incluyan más puntos que fueron consensuados con los pueblos indígenas. “Es nuestra obligación dejar de manifiesto que no es una reforma que cubra todas las necesidades”, subrayó con firmeza.

 

El debate se tornó aún más emotivo cuando el diputado Iran Santiago Manuel, maestro rural y representante de Morena, habló en su lengua materna zapoteca antes de compartir su perspectiva en español. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Santiago Manuel declaró: “Es un día histórico porque es un avance trascendental, no hay una lucha más prolongada que la de los pueblos originarios”. Además, destacó que la discriminación hacia sus paisanos sigue presente en muchas instituciones del país y que “la lucha sigue hasta que la dignidad sea costumbre”.

 

A pesar de las divergencias, la reforma representa un esfuerzo por reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en el marco legal mexicano. Según el proyecto aprobado, se busca reformar de manera integral e intercultural el artículo 2 de la Constitución para reconocer los sistemas normativos propios de estas comunidades y un conjunto de derechos colectivos, en un intento por preservar la diversidad cultural que enriquece a la nación.

 

Sin embargo, las palabras de la diputada Rubio dejan claro que, para muchos, el camino hacia la verdadera inclusión y reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos aún está lejos de completarse. La expectativa es que, en futuros debates, se retomen las propuestas que fueron excluidas en esta primera reforma, para que el reconocimiento legal venga acompañado de acciones concretas que garanticen el respeto y la autonomía de estas comunidades.

 

En este escenario, el desafío persiste: cómo traducir las promesas de la ley en realidades tangibles para los pueblos indígenas y afromexicanos, asegurando que sus voces no solo sean escuchadas, sino también reflejadas en las decisiones que moldean el futuro del país.

La ciberseguridad y la inteligencia artificial en México quedan en la incertidumbre

La ciberseguridad y la inteligencia artificial en México quedan en la incertidumbre

En un mundo cada vez más interconectado, la ciberseguridad y la inteligencia artificial se han convertido en pilares fundamentales para el desarrollo y la protección de las sociedades modernas. Sin embargo, en México, la legislación en estos ámbitos cruciales ha quedado pendiente, generando preocupación tanto en el ámbito político como en la sociedad civil. 

Durante la presentación del informe final de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Judith Celina Tánori Córdova, diputada de Morena, admitió con franqueza: “Nos quedamos atrás con las cuestiones humanísticas, sociales y lo plantean muy bien cuando nos dicen que estamos en falta por la cuestión de ciberseguridad. No hay legislación”. Esta declaración pone en evidencia la necesidad urgente de avanzar en un marco normativo que aborde los desafíos tecnológicos del presente.

 

Rocío Hernández Villanueva, también diputada de Morena, subrayó la importancia de la regulación en estos campos emergentes. “Entre las asignaturas pendientes quedan la regulación de la inteligencia artificial, la atención a la ciberseguridad y otros ejes del nuevo paradigma tecnológico”, señaló. Su declaración resalta la necesidad de una aproximación legislativa integral que contemple no solo aspectos técnicos, sino también éticos y legales.

 

El 25 de abril de 2023, Javier López Casarín, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó la iniciativa de la Ley Federal de Ciberseguridad. A pesar de su potencial, esta iniciativa ha sufrido múltiples modificaciones debido a cuestionamientos de expertos y la oposición, quedando estancada desde marzo pasado. La falta de avance legislativo ha generado una “congeladora” en términos de progreso, dejando a México en una posición vulnerable frente a amenazas cibernéticas.

 

Juan Carlos Romero Hicks, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y secretario de la misma comisión, expresó su preocupación en una entrevista reciente: “Se requieren ingredientes de política institucional, de legislación, de revisión institucional y las asignaciones presupuestales para tener, en la parte pública y privada, las soluciones que anticipen este tipo de contingencias”. Romero Hicks enfatizó que la ciberseguridad y el manejo ético y legal de la inteligencia artificial son temas críticos que requieren atención inmediata.

 

Romero Hicks también destacó que en México, “no está suficientemente diagnosticado este tipo de problemáticas y menos con el tratamiento, ya que reiteró que uno de los grandes temas que quedan para futuro es la atención a la ciberseguridad”. Esta falta de diagnóstico y tratamiento adecuado de los riesgos asociados con la tecnología subraya la necesidad de un enfoque legislativo proactivo y bien informado.

 

La falta de una legislación adecuada en ciberseguridad e inteligencia artificial no solo expone al país a riesgos tecnológicos, sino que también refleja un retraso en la adopción de políticas que promuevan el desarrollo seguro y ético de estas tecnologías. Es imperativo que los legisladores mexicanos tomen medidas concretas para abordar estas áreas críticas, asegurando que el país esté preparado para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

 

La legislatura actual tiene la oportunidad de marcar un hito en la historia tecnológica de México, estableciendo un marco legal que proteja a sus ciudadanos y fomente la innovación responsable. La pregunta que queda en el aire es si responderán al llamado o permitirán que estas cuestiones sigan siendo asignaturas pendientes.

 

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