El Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso histórico en la lucha por los derechos de la comunidad trans al aprobar la tipificación del delito de trans feminicidio. Esta reforma legislativa, que fue aprobada con una mayoría contundente, sancionará a los agresores con penas de entre 35 y 70 años de prisión, marcando un precedente significativo en la justicia mexicana. 

La diputada Ana Francis López, de Morena, fue la encargada de presentar el dictamen que avala esta reforma crucial. En su exposición, López destacó que el trans feminicidio es “una manifestación extrema de violencia de género y la discriminación que enfrentan las personas trans”. Este reconocimiento formaliza la grave realidad que viven las personas transgénero en México, quienes han sido víctimas de violencia y discriminación sistemática.

Según el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, entre 2007 y 2022 se han registrado 590 homicidios de personas transgénero en México, con un promedio anual de 53 asesinatos. Estas cifras subrayan la urgencia de una legislación específica que proteja a las mujeres trans y castigue severamente a los perpetradores de estos crímenes atroces.

Ana Francis López enfatizó que, a pesar de los avances en los derechos LGBTTTQ+ en la Ciudad de México, la violencia contra las personas trans sigue siendo un problema persistente. “Nuestra ciudad ha liderado en muchos aspectos de los derechos humanos, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer para garantizar la seguridad y la justicia para todas las personas trans”, afirmó López.

La iniciativa de ley no solo introduce el concepto de trans feminicidio en el Código Penal, sino que también modifica diversos artículos del Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la CDMX y la Ley de Víctimas. Esta reforma integral busca ofrecer una protección más amplia y efectiva a las víctimas y garantizar que los delitos contra ellas no queden impunes.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México expresó su apoyo a la propuesta, aunque señaló una preocupación sobre la precisión jurídica del dictamen. “Reconocemos y valoramos la importancia de esta propuesta, es un paso significativo hacia la protección de los derechos de las mujeres trans. Sin embargo, es necesario mencionar que este dictamen presenta un déficit de técnica jurídica porque no define claramente el tipo penal que se está creando”, declaró el legislador.

A pesar de estas reservas, el dictamen fue aprobado en lo general por 47 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, y en lo particular por 45 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. La votación refleja un consenso amplio y un compromiso decidido del Congreso de la Ciudad de México para enfrentar y erradicar la violencia contra las personas trans.

La aprobación de esta reforma es un hito en la protección de los derechos humanos en México. Marca un avance significativo en la lucha contra la violencia de género y la discriminación, y envía un mensaje claro de que la Ciudad de México está comprometida con la justicia y la igualdad para todas las personas, independientemente de su identidad de género.

Con esta legislación, se espera que la justicia para las mujeres trans que han sido víctimas de violencia y asesinato sea más accesible y efectiva, y que se sienten las bases para futuras reformas que continúen protegiendo los derechos de las personas LGBTTTQ+ en México.

Después de una exhaustiva audiencia de más de 17 horas, un juez federal ha dictaminado la liberación de Abraham Oseguera Cervantes, conocido como ‘Don Rodo’ y hermano de Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La decisión se tomó tras no encontrar elementos suficientes que vincularan a ‘Don Rodo’ con los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud, por los cuales fue detenido el 21 de abril en Jalisco. 

La audiencia, que estaba programada para comenzar a las 10:00 de la mañana del sábado, se retrasó dos horas debido a la tardanza de la Fiscalía General de la República (FGR). Durante más de 17 horas, se presentaron declaraciones y pruebas documentales, con la intención de demostrar la inocencia de Oseguera Cervantes.

La narrativa presentada por la FGR en la audiencia se centró en los eventos ocurridos en la madrugada del 21 de abril en Autlán, Jalisco, donde se afirmaba que ‘Don Rodo’ y otros individuos fueron detenidos por personal de la Guardia Nacional con armas de fuego y drogas en su posesión. Sin embargo, la defensa del acusado presentó testimonios y evidencia que contradecían esta versión de los hechos.

Entre los testigos presentados por la defensa se encontraban peritos, policías municipales, vecinos y familiares, quienes dieron cuenta de presuntas irregularidades en el operativo de detención, así como de supuestas agresiones por parte de las autoridades. Además, el médico de Oseguera Cervantes testificó sobre su edad avanzada y su estado de salud delicado, argumentando que no estaría en condiciones de portar armas de fuego.

El juez a cargo del caso concluyó que no había suficientes pruebas para vincular a ‘Don Rodo’ con los delitos imputados, especialmente dada su avanzada edad y su estado de salud. Reconoció las irregularidades en la versión de la autoridad y subrayó la importancia de respetar la presunción de inocencia de todos los imputados, incluso en casos de alta perfil mediático como este.

La liberación de Abraham Oseguera Cervantes ha generado debate y controversia, pero el juez ha hecho hincapié en su apego a la ley y su responsabilidad de garantizar un proceso justo y equitativo. Actualmente, ‘Don Rodo’ se encuentra interno en el penal del Altiplano, pero se espera que sea excarcelado pronto, a menos que enfrente otras causas penales.

Este caso destaca la importancia de respetar los derechos fundamentales de todos los individuos, independientemente de su reputación o afiliaciones, y subraya la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente para garantizar la justicia. La absolución de ‘Don Rodo’ es un recordatorio de que el estado de derecho y la presunción de inocencia son pilares fundamentales de cualquier sistema judicial justo y democrático.