Este 20 de octubre de 2024, empleados del Poder Judicial de la Federación se movilizaron desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República, manifestándose en contra de la negativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a acatar la suspensión de la reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Los manifestantes señalaron que el incumplimiento de la suspensión constituye una violación legal por parte de la presidenta. “Esto representa una sanción y es un delito”, afirmaron los trabajadores. Rafael Jiménez Carlos, uno de los empleados del Poder Judicial, expresó su preocupación por el conflicto entre los poderes de la unión, afirmando que la falta de cumplimiento de las suspensiones de los juicios de amparo ha generado una crisis constitucional. “Esta situación podría llevarnos a una desestabilización total del país y a la caída de los tres poderes”, advirtió.
Jiménez Carlos también destacó la necesidad de que la reforma judicial sea anulada, enfatizando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la facultad para resolver estas controversias constitucionales. “Confiamos en que los ocho ministros logren esta anulación antes del 30 de noviembre”, señaló.
Por otro lado, Carlos Ávila, secretario de juzgado, subrayó la gravedad de que la autoridad encargada de hacer cumplir la Constitución esté ignorando sus principios. “La presidenta ha manifestado su desobediencia, lo que es un claro indicio de sus intenciones y del futuro que planean para el país”, dijo.
Ávila insistió en que la desobediencia a las órdenes judiciales es una alarma que debería movilizar a todas las fuerzas sociales y de oposición en México para exigir justicia. “Están buscando un control y poder absoluto sin importar las consecuencias, y como mexicanos no podemos permitir que nos conduzcan a la ruina”, advirtió.
Finalmente, hizo un llamado a la SCJN para que actúe como el contrapeso constitucional que se esperaba de ella y anule la reforma judicial que, según dijo, ha llevado al país a una crisis constitucional. “Es urgente que la Corte resuelva esta situación”, concluyó.