Diputados de la 4T posponen debate sobre la GN para festejar a la virtual presidenta

En un giro inesperado en el ámbito legislativo mexicano, los diputados de la Cuarta Transformación (4T) decidieron posponer la discusión de una reforma crucial para sumarse a las celebraciones por la entrega de la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, quien ha sido oficialmente reconocida como la presidenta electa de México. 

 

Este aplazamiento ha generado diversas reacciones, poniendo en pausa el debate sobre la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una iniciativa central en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

El aplazamiento fue comunicado a través de un oficio firmado por Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien explicó que la reunión programada para este jueves se realizaría ahora en modalidad semipresencial el próximo jueves 22 de agosto. “Por razones de agenda extraordinaria y espacio, se ajusta la cita a reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales”, detalla el documento que fue enviado a los legisladores.

 

Esta decisión ha provocado un retraso en la discusión y posible aprobación de la reforma que busca incorporar la Guardia Nacional a la Sedena, una medida que, según la iniciativa presidencial, es clave para “impulsar la pacificación del territorio nacional por medio de una institución profesional y disciplinada”. Sin embargo, el ajuste en el calendario legislativo ha levantado preguntas sobre las prioridades del grupo parlamentario mayoritario.

 

Los diputados de Morena, quienes son mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales, no escondieron su entusiasmo por la celebración en torno a Sheinbaum. Según informaron algunos legisladores por la mañana, “había una alta probabilidad de llevar a cabo la reunión hoy por la tarde, porque ‘vamos a la cargada con nuestra presidenta electa’”. Esta declaración revela el ánimo festivo que predominó sobre las responsabilidades legislativas, un gesto que ha sido interpretado por algunos analistas como una muestra de lealtad política, pero que también ha suscitado críticas por la falta de atención a temas de seguridad nacional.

 

Mientras tanto, la oficina de Comunicación Social de la Cámara de Diputados se limitó a informar que “la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales se cancela hasta nuevo aviso”, sin ofrecer más detalles sobre los motivos detrás de la decisión, ni sobre cómo afectará el desarrollo de otras iniciativas presidenciales en curso.

 

El retraso en la discusión de la reforma de la Guardia Nacional no es un asunto menor. Esta iniciativa ha sido uno de los pilares de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, quien ha insistido en la necesidad de fortalecer a la GN bajo el mando de la Sedena para garantizar la paz y la estabilidad en el país. La adscripción de la GN a la Sedena busca, según el mandatario, “consolidar una fuerza de seguridad que esté a la altura de los desafíos que enfrenta México en materia de delincuencia organizada y violencia”.

 

Sin embargo, la decisión de posponer la discusión ha dejado un vacío en la agenda legislativa que algunos consideran preocupante. Este aplazamiento ha generado expectativas sobre cómo se manejarán los tiempos legislativos en las próximas semanas, especialmente en lo que respecta a la reforma judicial, que también está programada para ser discutida el 22 de agosto, después de los ajustes realizados tras los nueve foros que se llevaron a cabo sobre esta iniciativa.

 

Este episodio deja en el aire la pregunta sobre el equilibrio entre el entusiasmo político y la responsabilidad legislativa. Mientras que la celebración por la primera mujer presidenta electa de México es, sin duda, un motivo de orgullo y regocijo, las tareas legislativas no pueden quedar en segundo plano. Las decisiones que se toman hoy tendrán repercusiones en la seguridad y el bienestar de millones de mexicanos, y posponer debates cruciales para un festejo, por legítimo que sea, podría enviar señales contradictorias sobre las prioridades del Congreso en estos tiempos de transformación.

 

El próximo 22 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales retomará el debate sobre la Guardia Nacional. Sin embargo, la pausa en esta discusión ya ha dejado su marca, recordándonos que en la política, cada decisión cuenta, y el equilibrio entre celebración y responsabilidad es más delicado de lo que parece.

La reforma para Pueblos Indígenas y Afromexicanos que divide opiniones

En un acontecimiento que muchos califican como histórico, la Cámara de Diputados de México aprobó con 37 votos a favor y cero en contra una reforma constitucional que otorga personalidad jurídica a los pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, el consenso no fue sin controversia, y mientras algunos celebran la decisión como un gran paso hacia la justicia histórica, otros insisten en que la reforma se queda corta en su alcance y profundidad.

 

Durante la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, los diputados dieron luz verde a la iniciativa presidencial que reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este reconocimiento legal es considerado por muchos como un avance significativo en la lucha de estas comunidades por la autonomía y el respeto a sus derechos ancestrales.

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fue enfático en su discurso al señalar que “la reforma al artículo 2 de la Carta Magna incluye una Constitución muy completa a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos”. Según Robledo Ruiz, este dictamen es el resultado de un proceso inclusivo que incorporó diversas propuestas de distintos grupos parlamentarios, y añadió que “se salda una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.

 

No obstante, no todos compartieron el optimismo del diputado Robledo Ruiz. Paulina Rubio, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), fue contundente al expresar su desacuerdo. “No puedo sostener ese tono de algarabía que escucho en todos nuestros compañeros”, señaló Rubio, argumentando que “esta reforma está mocha, incompleta”. Rubio reveló que, en reuniones con la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, surgieron preocupaciones respecto a que la reforma no abarca todos los puntos necesarios para satisfacer las demandas de estas comunidades.

 

La diputada Rubio reconoció que el PAN tenía la obligación de apoyar esta iniciativa, al considerar que es “un pequeño paso”, pero insistió en que no es suficiente. En su intervención, hizo un llamado al grupo mayoritario para que, en el futuro, se incluyan más puntos que fueron consensuados con los pueblos indígenas. “Es nuestra obligación dejar de manifiesto que no es una reforma que cubra todas las necesidades”, subrayó con firmeza.

 

El debate se tornó aún más emotivo cuando el diputado Iran Santiago Manuel, maestro rural y representante de Morena, habló en su lengua materna zapoteca antes de compartir su perspectiva en español. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Santiago Manuel declaró: “Es un día histórico porque es un avance trascendental, no hay una lucha más prolongada que la de los pueblos originarios”. Además, destacó que la discriminación hacia sus paisanos sigue presente en muchas instituciones del país y que “la lucha sigue hasta que la dignidad sea costumbre”.

 

A pesar de las divergencias, la reforma representa un esfuerzo por reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en el marco legal mexicano. Según el proyecto aprobado, se busca reformar de manera integral e intercultural el artículo 2 de la Constitución para reconocer los sistemas normativos propios de estas comunidades y un conjunto de derechos colectivos, en un intento por preservar la diversidad cultural que enriquece a la nación.

 

Sin embargo, las palabras de la diputada Rubio dejan claro que, para muchos, el camino hacia la verdadera inclusión y reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos aún está lejos de completarse. La expectativa es que, en futuros debates, se retomen las propuestas que fueron excluidas en esta primera reforma, para que el reconocimiento legal venga acompañado de acciones concretas que garanticen el respeto y la autonomía de estas comunidades.

 

En este escenario, el desafío persiste: cómo traducir las promesas de la ley en realidades tangibles para los pueblos indígenas y afromexicanos, asegurando que sus voces no solo sean escuchadas, sino también reflejadas en las decisiones que moldean el futuro del país.

Reforma Constitucional de Austeridad Aprobada por Legisladores

La Comisión de Puntos Constitucionales ha aprobado de manera unánime una reforma a la Constitución en materia de Austeridad Republicana, que establece que ningún funcionario público podrá recibir un salario superior al del presidente de la República, quien actualmente gana 136 mil 700 pesos mensuales. La iniciativa fue respaldada con 36 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones.

La reforma modifica los artículos 73, 94, 116, 122, 127 y 134 de la Constitución para asegurar que los salarios de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación no superen el estipulado para el presidente, y que estos no puedan ser reducidos durante su mandato. Además, los ahorros generados por estas medidas se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, según uno de los artículos transitorios.

Durante el debate, se presentaron siete reservas, de las cuales solo una, de Morena, fue aprobada. Los legisladores destacaron la importancia de la reforma para asegurar que los ingresos de los servidores públicos se ajusten a los estándares de austeridad.

El diputado Gerardo Fernández Noroña argumentó que esta reforma era necesaria debido a la resistencia de algunos funcionarios del Poder Judicial a cumplir con las normas de austeridad. La diputada Cynthia Iliana Castro del PRI expresó el apoyo de su partido a la medida, subrayando que los servidores públicos deben ganar lo justo y servir al pueblo.

Por su parte, el diputado Jorge Triana del PAN manifestó su apoyo a la reforma pero advirtió sobre la necesidad de aplicar la medida de manera equitativa, sin cargar la mano sobre un poder independiente.

La reforma ha sido remitida a la Mesa Directiva y se debatirá y votará en el Senado en la próxima legislatura.

Primer Paquete de Reformas Constitucionales de AMLO Recibe Aval de la Oposición

La oposición dio su aprobación a un primer conjunto de reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las últimas de su sexenio, destinadas a elevar a rango constitucional los programas sociales y mejorar las condiciones de los trabajadores en pensiones, salarios y vivienda. Anoche, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó estos cuatro dictámenes con el voto favorable de los partidos opositores, aunque rechazaron todas las reservas propuestas por los diputados de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) que buscaban perfeccionar el marco legal.

Estos cuatro dictámenes fueron remitidos a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, avanzando así las primeras cuatro de un total de 18 iniciativas de reformas constitucionales, además de dos cambios a leyes secundarias, presentadas por el presidente el pasado 5 de febrero. Aunque el voto favorable fue casi unánime, se anticipa que no será el mismo para las iniciativas más controvertidas, como la extinción de organismos autónomos o la reforma judicial, que aún están pendientes. Estas propuestas serán discutidas por la 66ª Legislatura que inicia en septiembre, con una posible mayoría calificada de Morena y sus aliados, en el último mes del mandato de López Obrador.

La propuesta original presentada en febrero por el presidente incluía la creación de un fondo para que el gobierno pudiera complementar las pensiones y asegurar que los trabajadores se retiraran con el 100% de su salario, siempre y cuando no superaran los 16,777 pesos, el salario promedio registrado en el IMSS. Este beneficio sería para los trabajadores de 65 años que comenzaron a cotizar desde el 1 de julio de 1997 en el IMSS y aquellos en el régimen de cuentas individuales del ISSSTE. Aunque Morena y sus aliados no tienen actualmente la mayoría necesaria para reformar la Constitución, en abril aprobaron estos cambios vía legislación secundaria. Ahora, el dictamen busca confirmar estos cambios legales y elevarlos a nivel constitucional con 38 votos de integrantes de Morena, sus aliados y opositores en la Comisión. A propuesta del morenista Marcos Rosendo Medina Filigrana, se modificó el carácter de la pensión, especificando que será por vejez, no por retiro.

Otro cambio significativo fue la eliminación del artículo tercero transitorio, que indicaba las fuentes de financiamiento, y el quinto, que establecía las reglas para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, ya que estos puntos fueron incluidos en la ley reformada en abril.

Además, se aprobó con 38 votos la reforma del artículo 123 de la Constitución, estableciendo que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o su revisión, “nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia”. También se indicó que los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, recibirán un salario mensual no inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.

Otra reforma aprobada fue la creación de un sistema de vivienda para todos los trabajadores. Se rechazaron las reservas presentadas por la diputada Susana Prieto, quien propuso que los salarios mínimos quedaran exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y por el priísta Rubén Moreira, quien pidió ampliar los beneficiarios incluyendo a maestros de educación inicial, preescolar, primaria y rurales.

Además, se incluyó en el segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece un apoyo mensual equivalente al salario mínimo a jóvenes desempleados entre 18 y 29 años para que se capaciten para el trabajo por un año. La reforma fue aprobada con 37 votos a favor y una abstención, rechazando las reservas del PAN y Movimiento Ciudadano.

Finalmente, se avaló la creación de un sistema de vivienda para todos los trabajadores y se estableció que toda empresa estará obligada a proporcionar viviendas cómodas e higiénicas y a realizar aportaciones a un Fondo Nacional de Vivienda. Este fondo permitirá a los trabajadores obtener créditos para la adquisición o mejora de viviendas y podrá invertir en la construcción de viviendas para su adquisición o arrendamiento.

Proyecto para Extinguir Organismos Autónomos Listo para Discusión

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha finalizado el proyecto de dictamen que propone la extinción de siete organismos autónomos. Entre estos se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El proyecto también incluye la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

La comisión legislativa tiene programado discutir y votar el dictamen en agosto, con la intención de que la próxima legislatura, en la cual Morena y sus aliados cuentan con mayoría calificada, lo apruebe en el pleno durante los primeros días de septiembre.

Reforma judicial será dictaminada en agosto: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, anunció que la iniciativa presidencial de reforma judicial será dictaminada en comisiones de la Cámara de Diputados durante la tercera semana de agosto.

En un video compartido en redes sociales, Monreal explicó que si estas y otras iniciativas prioritarias no se dictaminan antes de finalizar la legislatura actual, serán desechadas. La ley estipula que si las iniciativas no son aprobadas y enviadas a la Mesa Directiva de la próxima legislatura, tendrán que reiniciar el proceso legislativo, lo cual retrasaría su implementación.

Monreal informó que junto con la reforma judicial, hay otras 19 reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador que también están pendientes de aprobación por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Añadió que el proceso continuará con la incorporación de puntos de vista obtenidos de los Diálogos Nacionales realizados en diversas entidades del país.

El futuro líder de Morena en la Cámara de Diputados subrayó la importancia de estos foros, a pesar de algunas críticas, y afirmó que la mayoría legislativa tiene un mandato legítimo obtenido en las urnas. Monreal reiteró que la reforma judicial no afectará los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, asegurando que no hay ningún elemento en la iniciativa que perjudique sus derechos. Además, los jueces, magistrados y ministros podrán participar en las elecciones de manera automática según lo indique la Constitución.