Expertos en derecho constitucional, justicia y derechos humanos han examinado la propuesta de reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea la elección en urnas de jueces, magistrados y ministros. Aunque algunos apoyan la iniciativa, han solicitado salvaguardias para garantizar la idoneidad de los elegidos, peticiones que no fueron atendidas. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados no incluyó estas sugerencias en el proyecto de dictamen, mientras se prepara un nuevo parlamento abierto para discutir la reforma.
El presidente presentó 20 propuestas de reforma, 18 constitucionales y dos legales, el 5 de febrero, convocando 25 foros estatales y varios regionales y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). La Reforma Judicial se discutió en tres foros: el 18 de marzo en la Jucopo, el 21 de marzo en San Luis Potosí y el 18 de abril en Puebla, aunque en Yucatán el foro convocado no se realizó sin explicaciones.
De los 14 expositores convocados formalmente, cinco apoyaron la propuesta, sugiriendo modificaciones para mejorar el proceso de selección de juzgadores y protegerlos de influencias externas. Nueve expertos, incluyendo académicos y constitucionalistas, rechazaron la propuesta, alertando sobre posibles problemas de acceso a la justicia y la politización del sistema judicial. Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión dictaminadora, admitió que existe riesgo de injerencia de grupos ajenos en las elecciones judiciales, pero el proyecto de dictamen solo sugiere procurar la idoneidad de los perfiles sin establecer medidas concretas para evitar interferencias.
En los foros, académicos y exlegisladores del PRI, como Juan Manuel Crisanto Campos y César Augusto Santiago, destacaron la necesidad de una comisión evaluadora de aspirantes y propusieron la implementación de topes y fiscalización de campañas. Otros expertos, como Jaime Miguel Moreno Garavilla y Eduardo Andrade Sánchez, también expresaron su apoyo con ciertas condiciones, enfatizando la importancia de exámenes transparentes y valores éticos.
La reforma continúa generando debate y controversia, con opiniones divididas sobre su impacto y viabilidad en la mejora del sistema judicial mexicano.