Hospitalización de Sánchez Cordero y protestas tensionan el debate de la Reforma Judicial

En medio de un clima de tensión y controversia, la discusión de la reforma judicial en México ha dado un giro inesperado tras la hospitalización de la diputada y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero. La legisladora fue ingresada en un hospital luego de sentirse mal durante las reuniones en la Cámara de Diputados, justo cuando se esperaba el inicio del debate de una reforma crucial para el Poder Judicial.

 

“Hoy muy temprano acudí a consulta con mi cardiólogo, quien decidió hospitalizarme, en virtud de la cirugía de corazón abierto que tuve hace tiempo”, comunicó Sánchez Cordero a través de sus redes sociales. La exministra lamentó no poder participar en la sesión que discutirá una de las reformas más polémicas en los últimos años, y expresó su esperanza de que los legisladores logren encontrar “las vías de diálogo y consenso” en un tema que ha polarizado al país.

 

La jornada inició de manera convulsa con trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho bloqueando los accesos al Congreso de la Unión en protesta contra la reforma. La movilización, que comenzó en la madrugada del martes, obligó a los diputados a trasladar la sesión a una sede alterna en la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco. Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), advirtió que la protesta “seguirá por el tiempo que sea necesario”, enfatizando la fuerte oposición a los cambios propuestos en la estructura judicial.

 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, fue enfático al justificar la decisión de trasladar la sesión, subrayando que la medida busca evitar cualquier tipo de confrontación o provocación con los manifestantes. “Deseo que todos los grupos parlamentarios acudan para hacer un gran debate, un debate de altura, las horas que sean necesarias”, declaró Monreal, quien reiteró la importancia de discutir a fondo la reforma judicial, considerada una de las más trascendentales para el país.

 

Mientras tanto, la oposición se mantiene firme en su postura crítica. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) adelantaron que podrían no asistir a la sede alterna, alegando que no validarán una votación que, aseguran, se desarrollará en condiciones irregulares y bajo la mayoría calificada de Morena y sus aliados. “Hay una alta probabilidad de que no acudamos. No podemos ser parte de un proceso que carece de legitimidad”, expresó uno de los diputados del PAN, evidenciando la fractura política que ha generado la reforma.

 

La ausencia de Sánchez Cordero, figura clave en la discusión, añade un elemento más de incertidumbre. Su experiencia y conocimiento profundo del sistema judicial mexicano la posicionaban como una voz relevante en el debate. Sin embargo, su hospitalización ha dejado un vacío que complica aún más el panorama legislativo.

 

El inicio del debate está programado para las 4:00 de la tarde, y se espera que la reforma judicial sea discutida en una sesión que podría prolongarse hasta altas horas de la noche. Las reformas propuestas incluyen cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, temas que han encendido el ánimo de jueces, magistrados y empleados del sector, quienes temen que las modificaciones vulneren la autonomía y la independencia judicial.

 

Por su parte, Sánchez Cordero, desde su hospitalización, ha reiterado su deseo de que el diálogo prevalezca. “Hago votos porque se encuentren las vías para un consenso real y justo”, expresó, reflejando la esperanza de muchos de que la reforma no solo se apruebe por mayoría, sino que también contemple las voces de todos los sectores involucrados.

Naciones Unidas alerta sobre los riesgos de eliminar el INAI

Las Relatorías Especiales de la ONU han expresado su rotundo rechazo a la propuesta de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sus homólogos a nivel estatal. Esta iniciativa, que será debatida y votada próximamente por la Cámara de Diputados, ha encendido alarmas a nivel internacional.

Ana Brian Nougéres, relatora especial sobre el derecho a la privacidad, junto con Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, han instado al Gobierno federal a reconsiderar la eliminación del INAI.

En un informe especial dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las relatorías advirtieron que esta medida podría poner en riesgo el derecho a la privacidad en México. El documento subraya que suprimir el INAI sin establecer mecanismos alternativos y efectivos podría debilitar la rendición de cuentas y limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos.

“La eliminación del INAI, sin la creación de alternativas adecuadas, podría erosionar la rendición de cuentas y la participación ciudadana que esta institución ha buscado promover”, señala el reporte.

La ONU resalta que el INAI ha sido fundamental en empoderar a los ciudadanos mexicanos, dándoles control sobre su información personal en un contexto dominado por tecnologías avanzadas.

La organización internacional sostiene que una entidad autónoma como el INAI es crucial para salvaguardar los derechos fundamentales, asegurar la correcta aplicación de las leyes de protección de datos, y mantener a México como líder global en esta materia.

En respuesta, las Relatorías Especiales de la ONU han instado al Gobierno mexicano a buscar mecanismos alternativos que garanticen la transparencia, el acceso a la información y la privacidad de los ciudadanos. Además, han ofrecido asistencia técnica para facilitar la implementación de soluciones adecuadas.

El 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para disolver siete órganos autónomos, incluido el INAI. Esta iniciativa será ahora sometida a votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

Ifigenia Martínez llama a fortalecer la democracia desde el Congreso

Durante el inicio del primer periodo ordinario de la LXVI Legislatura, Ifigenia Martínez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y miembro del partido Morena, hizo un llamado a los legisladores a priorizar los intereses del pueblo mexicano.

Martínez subrayó la importancia de seguir consolidando la democracia y el poder legislativo, con el objetivo de avanzar en la transformación del país. Además, destacó que es esencial que los diputados mantengan un firme compromiso con México, buscando consensos en un entorno de pluralidad política, respeto y diálogo.

La legisladora instó a todos los diputados, sin importar su afiliación partidista, a diseñar una estrategia social y económica que beneficie al pueblo de México. “México exige que los trabajos legislativos que hoy iniciamos se basen en el respeto a los principios y argumentos de cada fuerza política representada en este honorable congreso”, enfatizó Martínez, añadiendo que es responsabilidad de esta legislatura escuchar todas las ideas y propuestas que contribuyan al progreso económico y social del país.

Asimismo, Martínez recordó que el Congreso de la Unión es el órgano mediante el cual el pueblo ejerce su soberanía, y al que los legisladores deben su lealtad única y exclusivamente. Enfatizó también la obligación de los diputados de hacer valer y respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en todo momento.

Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva destacó que el debate en el Congreso debe ser respetuoso, con altura de miras y siempre orientado a mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos los mexicanos.

Suspensiones Judiciales Frenan Reforma al Poder Judicial en Morelos y Chiapas

Este sábado, en un hecho sin precedentes, tribunales en los estados de Morelos y Chiapas han otorgado las primeras suspensiones en contra de la reforma judicial. En Morelos, la jueza Quinta de Distrito, Martha Eugenia Magaña López, ordenó a la Cámara de Diputados detener la discusión del dictamen de la reforma judicial, la cual estaba programada para este lunes. La suspensión provisional fue concedida en respuesta a un amparo promovido por un grupo de jueces que buscan frenar el avance de la propuesta impulsada por Morena y sus aliados.

Por su parte, en Chiapas, el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Felipe Consuelo Soto, otorgó una suspensión de oficio que impide a ambas cámaras del Congreso de la Unión continuar con el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial. Además, en caso de que las reformas sean aprobadas, el juez ordenó que no se envíen a los congresos estatales ni a la Ciudad de México para su ratificación, hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

En un acuerdo publicado ayer, la jueza Magaña López determinó que el dictamen discutido y aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado lunes no tendrá efectos para los jueces quejosos. La magistrada dio un plazo de 24 horas a la Cámara de Diputados para que informe sobre el cumplimiento de la suspensión provisional, advirtiendo que cualquier falsedad en su reporte podría acarrear sanciones.

La decisión de suspender la reforma judicial ha generado diversas reacciones en el ámbito legal. Melissa Ayala, abogada y colaboradora de EL UNIVERSAL, expresó en su cuenta de X su oposición a la reforma, pero también criticó las suspensiones otorgadas, señalando que agravan la situación política del país. Por su parte, el abogado Francisco Burgoa manifestó su desacuerdo con la decisión de la jueza Magaña López, afirmando que esto solo contribuirá a intensificar la narrativa en contra del Poder Judicial de la Federación. También subrayó que el Ejecutivo no tiene facultades para sancionar reformas constitucionales ni para formular observaciones al respecto.

El exministro de la Corte, Diego Valadés Ríos, calificó las suspensiones otorgadas como un “hecho inédito” y sin “fundamento jurídico”. A través de su cuenta en X, el exprocurador general de la República enfatizó que estas decisiones carecen de base legal y que no deben entorpecer la defensa de la independencia judicial.

Tribunal Electoral Reafirma su Compromiso con la Democracia y el Estado de Derecho en la Asignación de Plurinominales

La magistrada presidenta Mónica Soto enfatizó que el Tribunal Electoral tomará decisiones sobre la asignación de plurinominales con base en la democracia y el Estado de Derecho, sin dejarse influenciar por amenazas o presiones recibidas a nivel personal, institucional y familiar.

A pesar de las críticas, presiones externas y amenazas, tanto directas como indirectas, hacia ella, su entorno institucional y familiar, Soto subrayó que el Tribunal continuará juzgando con libertad y apego a la ley, defendiendo la imposición del derecho sobre cualquier otra expectativa. Enfatizó que el Estado de Derecho debe prevalecer y la democracia prosperar.

Antes de iniciar la sesión en la que se decidirá la asignación de escaños en el Congreso de la Unión, Soto destacó que en las elecciones del pasado 2 de junio, la ciudadanía expresó su voluntad en las urnas, y es deber de la Sala Superior respetar esa decisión, actuando conforme a las leyes vigentes.

La magistrada reiteró que el Tribunal tiene la responsabilidad de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, asegurando que las decisiones del pleno se alineen con las reglas y normas previamente establecidas para la competencia electoral. Señaló que la decisión del Tribunal debe basarse estrictamente en la ley, dejando de lado cualquier influencia política o social.

Soto también recalcó que el Tribunal Electoral es la única autoridad con la facultad de resolver de manera definitiva la integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Recordó que la Constitución Política establece al Tribunal como el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima autoridad en materia electoral, por lo que sus decisiones son estrictamente jurisdiccionales, independientemente de cualquier consideración política, económica o cultural.

Los primeros proyectos que se debatieron fueron los encabezados por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, los cuales incluyen impugnaciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Estos proyectos respaldan la decisión del INE, que otorgó a la coalición Morena-PT-PVEM una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, quedando a tres escaños de alcanzar la misma situación en el Senado.

El INAI defiende su modernización ante iniciativa de eliminación de organismos autónomos

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se pronunció este martes a favor de una modernización en lugar de su desaparición. Esto luego del avance en la Cámara de Diputados de la reforma que busca eliminar organismos autónomos.

Según un comunicado de esta entidad, la eliminación del INAI sería un retroceso significativo para la democracia y los derechos humanos en México.

El pasado 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que avala reformas para eliminar siete órganos constitucionalmente autónomos, entre ellos el INAI, en respuesta a esta iniciativa, el INAI enfatizó que los derechos humanos son progresivos y requieren un compromiso integral del Estado mexicano, además de la creación de obligaciones legales para las instancias públicas, para que dichos derechos puedan ser protegidos y exigidos por cualquier persona, en lugar de su eliminación.

El Pleno del INAI propuso trabajar en su modernización, resaltando la importancia de instituciones reguladoras independientes y autónomas para la salud de la democracia, destacó que la historia de México demuestra que la construcción de la nación no se ha hecho con prisa, sino con diálogo y la inclusión de diversas opiniones, subrayando que el trabajo conjunto ha permitido superar adversidades económicas, políticas y sociales, reiterando su llamado a los próximos legisladores, a las nuevas autoridades federales lideradas por la futura presidenta Claudia Sheinbaum, y a la sociedad en general.

El INAI pidió hacer una pausa, dialogar y trazar un nuevo camino para la transparencia y la privacidad en México.

El Congreso de la Unión recibe a 232 legisladores por representación proporcional, incluyendo figuras políticas, artistas y deportistas

Con la asignación de escaños por representación proporcional, conocidos como “pluris”, el Congreso de la Unión sumará a 232 nuevos legisladores, entre ellos familiares de políticos, líderes partidistas con una extensa trayectoria en cargos públicos, y figuras deportivas.

En la Cámara de Diputados, 200 legisladores han asegurado su lugar gracias a los votos obtenidos por sus compañeros de mayoría relativa, Morena, el partido con la bancada más grande para la próxima legislatura que inicia el 1 de septiembre, contará con la presencia de Daniel Asaf Manjarrez, exmiembro del equipo de ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha enfrentado acusaciones de corrupción junto a los hijos del mandatario, también estará Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y exgobernador de Morelos, quien a pesar de haber sido el gobernador peor evaluado en 2023, ocupará un escaño en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien fungirá como coordinador de los diputados morenistas, e Ifigenia Martínez, que podría presidir la Mesa Directiva y entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

Entre los diputados plurinominales de Morena también se encuentran el actor y productor Sergio Mayer, y Hugo Eric Flores, exlíder del extinto partido Encuentro Social (PES). Por parte del PVEM, aliado de Morena, llega Julio Javier Scherer Pareyón, hijo del exconsejero jurídico Julio Scherer, quien, a pesar de su inexperiencia legislativa, ocupará un escaño, su formación académica es en ingeniería industrial y su carrera política comenzó en 2018 durante la campaña presidencial de López Obrador, también se une a la Cámara Felipe Miguel Delgado Carrillo, hermano del próximo secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, quien ha ocupado diversos cargos en el PVEM y en organizaciones de la sociedad civil.

Carlos Puente Salas regresará como coordinador de los diputados del PVEM, mientras que Eruviel Ávila, exmiembro del PRI que se unió al PVEM en agosto de 2023, también ocupará un escaño, en el PRI, Sylvana Beltrones, hija de Manlio Fabio Beltrones, ocupará una curul por segunda vez, Christian Castro Bello, sobrino del presidente del PRI, Alejandro Moreno, debutará en un cargo federal tras perder la gubernatura de Campeche en 2021, Rubén Moreira, cercano a Moreno, será el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados por cuarta vez.

El PAN contará con figuras ya conocidas como Jorge Romero, aspirante a la presidencia del partido, Kenia López Rabadán, con 13 años de experiencia legislativa, y Julen Rementeria del Puerto, actual coordinador de los senadores panistas que ahora se unirá a San Lázaro, por Movimiento Ciudadano, Gustavo de Hoyos, exlíder de Coparmex que se mostró crítico con el gobierno de López Obrador, será diputado junto a la raquetbolista Paola Longoria, Claudia Ruiz Massieu, exmiembro del PRI, y Gibrán Ramírez, quien tras su salida de Morena se unió a Movimiento Ciudadano.

En el Senado, los 32 escaños plurinominales han sido ocupados por líderes de partidos, entre ellos Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, quien coordinará a los senadores de Morena, Citlalli Hernández, próxima titular de la Secretaría de Mujeres en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía, cuyo lugar será ocupado por su suplente, Emmanuel Reyes Carmona, otros personajes que se integran al Senado incluyen a Javier Corral, exgobernador y exmiembro del PAN, y Alejandro Murat, exgobernador que renunció al PRI para apoyar a Sheinbaum.

Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, también estará presente, junto a los líderes de otros partidos como Alberto Anaya del PT, Alejandro Moreno del PRI, y Marko Cortés del PAN, Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, también regresa al Senado, a pesar de haber abandonado el país en 2021 por denuncias de persecución del gobierno federal.

J.P. Morgan alerta sobre el impacto económico de las reformas judiciales en Estados Unidos y México

J.P. Morgan, el gigante bancario de Estados Unidos, advirtió que las reformas propuestas al Poder Judicial en México podrían reducir el interés en la inversión y aumentar el riesgo de que se degrade la calificación crediticia del país el próximo año, estas declaraciones se emiten simultáneamente al fallo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que aprobó la distribución de plurinominales en la Cámara de Diputados según el método vigente, lo que asegura a la coalición Morena-PT-PVEM una mayoría calificada con 364 curules, superando en 30 escaños el mínimo necesario para aprobar rápidamente el paquete de reformas.

El banco señaló que reevaluará sus perspectivas económicas para México en el corto y mediano plazo una vez que se tenga mayor claridad sobre las reformas propuestas y sus estatutos, J.P. Morgan considera que el riesgo de rebajas en la calificación crediticia es significativo para 2025, y anticipa que al menos una agencia podría cambiar la perspectiva a negativa en el primer trimestre del próximo año, la institución subrayó la importancia de una transición suave que reconozca los riesgos y desafíos actuales para lograr un crecimiento económico sostenido.

Además, el banco expresó preocupaciones adicionales respecto a la agenda de reformas de la administración actual y la futura, entre ellas, la centralización del poder en México, y destacó los riesgos de un sector público dominante y la erosión de la rendición de cuentas al debilitar las entidades autónomas bajo la justificación de la austeridad fiscal, J.P. Morgan también advirtió que la falta de flexibilidad para ajustar las reformas en el futuro podría limitar la capacidad de respuesta de los responsables de las políticas en momentos de tensión.

La institución señaló que la prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador es la Reforma Judicial, la cual allanaría el camino para que las demás reformas se implementen con mayor rapidez, en contraste con lo que ocurrió durante la mayor parte de su mandato, J.P. Morgan también se mostró sorprendido por el bajo nivel de inversión directa en los últimos años, y observó que México no ha presentado un plan industrial exhaustivo en el ámbito internacional, aunque el banco cree que aún hay oportunidades en sectores bien establecidos como el automotriz y algunos productos electrónicos, advirtió que la incertidumbre actual podría frenar aún más el apetito de inversión, que ya se esperaba que disminuyera debido a un crecimiento económico más débil en la región para este año y el próximo.

Marko Cortés nombra a Noemí Luna como nueva coordinadora panista en San Lázaro

El presidente del PAN, Marko Cortés, ha designado a Noemí Luna como la nueva coordinadora de la bancada del partido en la Cámara de Diputados, relevando en el cargo a Jorge Romero Herrera.

A través de su cuenta en la red social X, Cortés destacó las credenciales de Luna, quien ha sido vicepresidenta de la Cámara de Diputados y presidenta del Congreso local de Zacatecas, calificándola como una defensora de la democracia.

En el mismo mensaje, Cortés expresó su agradecimiento a Romero Herrera por su labor en la defensa de las causas ciudadanas y su liderazgo en San Lázaro.

La salida de Romero coincide con el próximo lanzamiento de la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional del PAN, un proceso en el que Romero ya ha manifestado su intención de participar.

Mario Marín: La sombra de la Justicia detiene su liberación del penal del Altiplano

El camino hacia la libertad de Mario Marín, ex gobernador de Puebla, se ha visto detenido en el último minuto, generando un enredo legal que ha captado la atención pública. Marín, conocido como “El Góber Precioso”, enfrenta un proceso que ha desatado intensas reacciones, tanto por la gravedad de las acusaciones en su contra como por la complejidad de los procedimientos legales que ahora lo mantienen tras las rejas.

 

La jueza federal Angelica del Carmen Ortuño Suárez, con sede en Quintana Roo, ordenó recientemente que Mario Marín sea liberado del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1, en el Estado de México, para continuar su proceso en libertad. Sin embargo, su salida se ha retrasado de manera significativa, ya que las autoridades investigan si el ex mandatario tiene causas pendientes en otras partes del país. Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre y tensión.

 

“La liberación de Marín debió haberse ejecutado de inmediato”, afirmó la jueza Ortuño Suárez, quien no dudó en amonestar al director del Cefereso por no cumplir con su mandato. La jueza fue clara en su advertencia: si las autoridades del penal no acatan la orden, podrían enfrentarse a consecuencias penales. Este retraso, sin embargo, no es simple negligencia; es un reflejo de la cautela con la que las autoridades están manejando un caso que sigue bajo un intenso escrutinio.

 

El retraso en la liberación de Mario Marín se debe a la solicitud de información que las autoridades penitenciarias hicieron a diferentes instancias del país. En total, se enviaron 43 peticiones a entidades como la Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías estatales y a las autoridades de los 32 estados, en busca de posibles órdenes de aprehensión o procesos penales adicionales que pudieran estar vigentes contra el ex gobernador. Este minucioso proceso de verificación es clave para asegurar que no existan otros impedimentos legales antes de su excarcelación.

 

Araceli Andrade, abogada de Lydia Cacho, la periodista y defensora de derechos humanos que sufrió tortura bajo la orden de Marín, expresó su frustración ante la demora. “La excarcelación de Mario Marín tiene que ser cumplida hoy. La jueza ya dictó un acuerdo para que se ordene la inmediata libertad”, comentó Andrade, subrayando que cualquier demora adicional es injustificable. Este martes era el día señalado para que Marín continuara su proceso en libertad, bajo la vigilancia de un brazalete electrónico, pero hasta la mañana no se había ordenado su liberación.

 

El caso de Mario Marín está profundamente ligado a las acusaciones de tortura contra Lydia Cacho, derivadas de los hechos narrados en su libro Los demonios del Edén, publicado en 2005. La obra de Cacho expuso una red de explotación sexual infantil en la que estaban implicados empresarios influyentes como Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge, el último, un cercano amigo de Marín. Esta revelación llevó a un escándalo de dimensiones nacionales e internacionales, y aunque Marín fue detenido en 2021, el proceso ha estado marcado por prolongadas batallas legales.

 

El retraso en la liberación de Marín no solo prolonga su tiempo en prisión, sino que también reaviva las tensiones en torno a un caso que ha simbolizado la lucha contra la impunidad en México.