Un Grupo de Trabajo de la ONU ha destacado la persistencia de la detención arbitraria en México y ha señalado las deficiencias en el sistema de justicia penal, especialmente en relación con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Estos mecanismos, además de fomentar el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, también han derivado en interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a defensores calificados y presiones al Poder Judicial por parte del Ejecutivo.
El informe revela que, en 2022, aproximadamente 50% de las 90 mil personas detenidas sin sentencia se encontraban bajo prisión preventiva oficiosa. Aunque el uso del arraigo se ha reducido desde 2013, sigue siendo una práctica vigente, con 25 casos registrados en 2022. El Grupo recordó que en 2019 se presentó una propuesta en el Senado para eliminar el arraigo de la Constitución, y en 2023 se presentaron medidas para acelerar este proceso legislativo.
El organismo internacional instó a México a llevar a cabo reformas que eliminen tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa, y sugirió adoptar medidas que garanticen una mayor protección contra la detención arbitraria. También hizo un llamado a reforzar la independencia judicial, un principio que, señaló, debe guiar la actuación de todas las autoridades del Estado.
La ONU subrayó que la prisión preventiva oficiosa es una violación del derecho a la libertad personal, afectando además la presunción de inocencia, la integridad personal, y la igualdad ante la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha declarado que México está incumpliendo con sus obligaciones internacionales al mantener esta figura.
El informe también criticó las presiones que han sufrido los jueces por parte del Ejecutivo, particularmente cuando sus decisiones contradicen las iniciativas gubernamentales. Esta presión se ha evidenciado en el espacio conocido como “Cero impunidad”, en el cual se exhibe públicamente a jueces por decisiones controvertidas. Asimismo, el Grupo de Trabajo manifestó su preocupación por los recortes presupuestarios al Poder Judicial, señalando que estos han mermado su capacidad para operar de manera independiente.
Otro aspecto grave señalado por el Grupo fue el uso sistemático de la violencia durante los arrestos. Las personas detenidas, en muchos casos, son sometidas a torturas y maltratos con el fin de obtener confesiones o información. El informe también denunció que estas prácticas se emplean para humillar y castigar, afectando de manera desproporcionada a los grupos indígenas, quienes son maltratados durante los arrestos.
Por último, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno de México a garantizar que todas las detenciones sean registradas en el Registro Nacional de Detenciones, y que tanto funcionarios civiles como militares estén conscientes de su responsabilidad en este proceso.