La oposición dio su aprobación a un primer conjunto de reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las últimas de su sexenio, destinadas a elevar a rango constitucional los programas sociales y mejorar las condiciones de los trabajadores en pensiones, salarios y vivienda. Anoche, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó estos cuatro dictámenes con el voto favorable de los partidos opositores, aunque rechazaron todas las reservas propuestas por los diputados de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) que buscaban perfeccionar el marco legal.

Estos cuatro dictámenes fueron remitidos a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, avanzando así las primeras cuatro de un total de 18 iniciativas de reformas constitucionales, además de dos cambios a leyes secundarias, presentadas por el presidente el pasado 5 de febrero. Aunque el voto favorable fue casi unánime, se anticipa que no será el mismo para las iniciativas más controvertidas, como la extinción de organismos autónomos o la reforma judicial, que aún están pendientes. Estas propuestas serán discutidas por la 66ª Legislatura que inicia en septiembre, con una posible mayoría calificada de Morena y sus aliados, en el último mes del mandato de López Obrador.

La propuesta original presentada en febrero por el presidente incluía la creación de un fondo para que el gobierno pudiera complementar las pensiones y asegurar que los trabajadores se retiraran con el 100% de su salario, siempre y cuando no superaran los 16,777 pesos, el salario promedio registrado en el IMSS. Este beneficio sería para los trabajadores de 65 años que comenzaron a cotizar desde el 1 de julio de 1997 en el IMSS y aquellos en el régimen de cuentas individuales del ISSSTE. Aunque Morena y sus aliados no tienen actualmente la mayoría necesaria para reformar la Constitución, en abril aprobaron estos cambios vía legislación secundaria. Ahora, el dictamen busca confirmar estos cambios legales y elevarlos a nivel constitucional con 38 votos de integrantes de Morena, sus aliados y opositores en la Comisión. A propuesta del morenista Marcos Rosendo Medina Filigrana, se modificó el carácter de la pensión, especificando que será por vejez, no por retiro.

Otro cambio significativo fue la eliminación del artículo tercero transitorio, que indicaba las fuentes de financiamiento, y el quinto, que establecía las reglas para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, ya que estos puntos fueron incluidos en la ley reformada en abril.

Además, se aprobó con 38 votos la reforma del artículo 123 de la Constitución, estableciendo que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o su revisión, “nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia”. También se indicó que los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, recibirán un salario mensual no inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.

Otra reforma aprobada fue la creación de un sistema de vivienda para todos los trabajadores. Se rechazaron las reservas presentadas por la diputada Susana Prieto, quien propuso que los salarios mínimos quedaran exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y por el priísta Rubén Moreira, quien pidió ampliar los beneficiarios incluyendo a maestros de educación inicial, preescolar, primaria y rurales.

Además, se incluyó en el segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece un apoyo mensual equivalente al salario mínimo a jóvenes desempleados entre 18 y 29 años para que se capaciten para el trabajo por un año. La reforma fue aprobada con 37 votos a favor y una abstención, rechazando las reservas del PAN y Movimiento Ciudadano.

Finalmente, se avaló la creación de un sistema de vivienda para todos los trabajadores y se estableció que toda empresa estará obligada a proporcionar viviendas cómodas e higiénicas y a realizar aportaciones a un Fondo Nacional de Vivienda. Este fondo permitirá a los trabajadores obtener créditos para la adquisición o mejora de viviendas y podrá invertir en la construcción de viviendas para su adquisición o arrendamiento.

Senado detiene dictamen de Ley de Datos Biométricos con un análisis profundo

junio 25, 2024

El Senado de la República ha decidido postergar el dictamen de la controversial Ley General de Operaciones de Registros Civiles, que incluye disposiciones para la posesión de datos biométricos de toda la población. Esta decisión ha generado un debate intenso entre los legisladores, evidenciando las complejidades y preocupaciones que rodean esta iniciativa. La Comisión de Gobernación, encabezada por la senadora Mónica Balboa, justificó la demora en la falta de tiempo para un análisis exhaustivo de la propuesta.

La Ley General de Operaciones de Registros Civiles fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados en marzo de 2023, en cumplimiento de un mandato judicial que exige su aprobación. La propuesta incluye la creación de un registro único con parámetros base que garantizan el respeto a los derechos de identidad, el registro de nacimiento inmediato, y principios de igualdad y no discriminación para todos los nacidos en México, incluyendo a hijos de migrantes.

La senadora Balboa explicó que la comisión recibió una notificación judicial el pasado 13 de junio, ordenando la aprobación inmediata de esta ley. Sin embargo, este mandato ha sido un punto de discordia, especialmente por la figura del juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, quien ha estado involucrado en decisiones judiciales controvertidas, como la suspensión de la extradición de Joaquín Guzmán Loera y la modificación del plan de vacunación contra el COVID-19.

La dictaminación de la ley ha sido pospuesta debido a las inquietudes expresadas por varios senadores, quienes consideran que se requiere un análisis más profundo y la inclusión de opiniones de entidades como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). La senadora del PES, Eunice Romo, criticó al Poder Judicial por lo que considera un exceso al imponer plazos y procedimientos al Senado. Romo subrayó la necesidad de estudiar detalladamente las propuestas antes de proceder a su aprobación.

El senador del PAN, Damián Zepeda, manifestó su sorpresa ante la existencia de un mandato judicial que obligaba al Senado a aprobar la ley, indicando que esto no estaba claramente especificado en el dictamen. Además, expresó su desacuerdo con ciertos aspectos del dictamen, especialmente con la formación del Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) y las facultades otorgadas a la Secretaría de Gobernación para administrar esta base de datos.

Por su parte, la senadora de Morena, Rocío Abreu, solicitó más tiempo para reflexionar sobre este tema, citando su importancia para los derechos humanos, la identidad y la protección de datos. Abreu insistió en la necesidad de un análisis minucioso y completo antes de avanzar con la legislación.

La ley propone la creación del SID, una base de datos que centralizará información crucial sobre todos los ciudadanos mexicanos, incluyendo nombre, apellido, sexo o género, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y la Clave Única del Registro de Población (CURP). La Secretaría de Gobernación será responsable de establecer los mecanismos y requisitos para que entidades del sector público, privado y financiero puedan consultar y validar electrónicamente esta información.

La postergación de la dictaminación de la Ley General de Operaciones de Registros Civiles refleja la complejidad y las sensibilidades asociadas con la gestión de datos biométricos. La demanda de un análisis más detallado y la inclusión de múltiples perspectivas subrayan la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos individuales como la seguridad nacional.

El debate continúa, con la expectativa de que se logre un consenso que permita avanzar en la modernización de los registros civiles en México, garantizando al mismo tiempo la protección de la privacidad y los derechos fundamentales de la población. La Comisión de Gobernación tendrá la tarea de equilibrar estas consideraciones y avanzar con una legislación que cuente con el respaldo necesario para su implementación efectiva.