Al finalizar el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para dialogar sobre la reforma al Poder Judicial. Piña enfatizó que es crucial evitar que la búsqueda de justicia se convierta en una “pesadilla”.

En su discurso, Piña, también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), advirtió que la reforma, tal como está planteada, podría llevar a los cargos de ministro, juez o magistrado a personas populares, lo cual contradice el objetivo de la propia reforma y podría perpetuar lo que se busca eliminar. “No podemos optar por soluciones fáciles que pongan en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país”, subrayó. “Un poder judicial autónomo e independiente es esencial para la defensa de nuestra democracia”.

La ministra destacó la importancia de que tanto López Obrador como Sheinbaum consideren los hallazgos del encuentro para evaluar el impacto de la reforma no solo en la justicia, sino en el futuro del país.

Durante el evento, el diputado morenista Óscar Cantón Zetina, cercano a López Obrador y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, tuvo un enfrentamiento con algunos participantes al insistir en que el pueblo había mandatado la reforma el 2 de junio. Las protestas de los asistentes manifestaron desacuerdo, a lo que Cantón Zetina respondió pidiendo respeto y defendiendo la exigencia popular para llevar a cabo la reforma propuesta por el presidente.

La reunión contó también con la presencia de Marcela Guerra, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Loretta Ortiz Ahlf. Asimismo, asistieron Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y Adrián Alcalá y Blanca Lilia Ibarra, comisionados del INAI.

En una sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa presentaron una propuesta para hacer públicas las sesiones privadas de dicha Sala. Sin embargo, tres ministros, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales, se opusieron a la iniciativa.

Ante esta discrepancia, las ministras expresaron su intención de llevar el tema al Pleno de la Corte, argumentando que no existe base legal para mantener en secreto las discusiones de los asuntos en la Sala.

Las sesiones privadas son reuniones previas a las sesiones públicas de las Salas de la Corte, donde los ministros exponen sus razones de voto y debaten los argumentos a favor y en contra de cada proyecto presentado. Tradicionalmente, después de estas sesiones privadas, se lleva a cabo una sesión pública en la que los ministros simplemente declaran su voto, sin profundizar en sus argumentos.

Batres Guadarrama y Esquivel Mossa hicieron hincapié en que la Constitución establece claramente que todas las sesiones de la SCJN deben ser públicas, excepto en casos excepcionales que requieran secrecía por razones de moral o interés público, según el artículo 94 constitucional. Una disposición similar se encuentra en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La conmemoración del Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada este lunes en Querétaro, tuvo una relevancia particular este año al contar con la ausencia tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, Norma Piña.

El evento, que contó con la presencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el ministro Alberto Pérez Dayán en representación del Poder Judicial, se convirtió en un espacio para reflexionar sobre la relación entre los poderes del Estado, especialmente en medio del anuncio del presidente de enviar reformas a la Constitución.

Pérez Dayán destacó la importancia de mantener la independencia y autonomía del Poder Judicial, subrayando el compromiso con la democracia y el cumplimiento de la ley. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de separar al Poder Judicial de la política para preservar su integridad y funcionalidad.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, adelantó que las reformas propuestas por el presidente López Obrador buscan fortalecer el pacto social y devolverle el sentido social a la Constitución. Alcalde lamentó el impacto del neoliberalismo en la Carta Magna y expresó la necesidad de recuperar el sentido de solidaridad y justicia social en el país.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, hizo un llamado a la unidad y la concordia, destacando la importancia de los contrapesos en un sistema democrático y la necesidad de respetar las instituciones autónomas.

En el evento también participaron las presidentas de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Rivera, respectivamente, quienes resaltaron la importancia de la Constitución como guía moral y herramienta para enfrentar los desafíos actuales del país.

La conmemoración no solo celebró un aniversario, sino también la continuidad de un legado y el compromiso con el desarrollo democrático y social de México.

En un histórico revés judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), una polémica reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar la participación del sector privado en el mercado energético mexicano.

Este fallo, producto de un amparo que argumentaba afectaciones al medio ambiente, marca un momento significativo en la relación entre el gobierno mexicano y las empresas privadas del sector.

La Segunda Sala de la SCJN otorgó el primer amparo contra la LIE, beneficiando a seis empresas específicas: La Bufa Wind, Compañía de Energía Mexicana, Eléctrica Del Valle de México, Fuerza Eólica del Istmo, Eólica de Coahuila y Eóliatec de Istmo. Sin embargo, este amparo no establece un precedente general, sino que se aplica de manera puntual a estas compañías, permitiéndoles regirse por el estatuto previo a la reforma de marzo de 2021.

El voto de calidad del presidente de la Sala, Alberto Pérez Dayán, fue determinante para conceder la protección de la justicia a estas empresas. La votación reflejó una división entre los ministros, con Luis María Aguilar apoyando el proyecto, mientras que Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guarradama expresaron su desacuerdo.

La ministra Lenia Batres argumentó en contra del proyecto durante más de 20 minutos, cuestionando el procedimiento y señalando que el tema ya había sido discutido en una acción de inconstitucionalidad anterior. Por su parte, la ministra Esquivel Mossa manifestó su desacuerdo con la interpretación del presidente de la Sala sobre el artículo 56 de la Ley de Amparo, relacionado con el voto de calidad.

El presidente Pérez Dayán defendió el proyecto, afirmando que recogía los argumentos de inconstitucionalidad expresados por siete ministros del Pleno en 2022. La sala dejó pendiente la discusión de otro proyecto de sentencia elaborado por el ministro Javier Laynez, el cual también propone otorgar la protección de la justicia a otras compañías afectadas por la LIE.

Es importante destacar que, previamente, el Pleno de la SCJN desestimó una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición contra la LIE en abril de 2022, ya que no se alcanzaron los ocho votos necesarios para declararla inconstitucional. Esto dejó la norma vigente, y las empresas afectadas recurrieron a amparos para evitar su aplicación.

El fallo de la SCJN amparando a estas seis empresas se sustentó en la vulneración de principios constitucionales, como la competencia y la libre concurrencia, así como el principio de desarrollo sustentable. Los ministros votaron a favor de un amparo que destacaba los efectos negativos de la reforma en el medio ambiente.

Este revés judicial no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional, sino que su impacto se extiende al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). La reforma a la LIE fue uno de los detonantes de tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, quienes han señalado violaciones al tratado por parte del país latinoamericano. La declaración de inconstitucionalidad de la LIE suaviza estas tensiones y ofrece a México una posición más favorable en las negociaciones bajo el TMEC.