Ignacio Ovalle, quien estuvo al frente de Segalmex durante el escándalo por un desfalco cercano a 15 mil millones de pesos, dejó recientemente su puesto como titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob). En su lugar, fue designado Armando Quintero, exalcalde de Iztacalco.
Ovalle, un aliado cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, salió de Segalmex en abril de 2022, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunciara el millonario fraude. Desde entonces, Ovalle fue trasladado al Inafed. A la fecha, hay 26 personas vinculadas a proceso penal por el desfalco, incluidos nueve exservidores públicos, pero Ovalle Fernández no enfrenta cargos judiciales.
En varias ocasiones, López Obrador defendió públicamente a Ovalle, asegurando que este había sido “engañado” por un grupo de priistas con “malas mañas” y prácticas corruptas. Fuentes cercanas afirman que, por ahora, no se considera algún puesto para Ovalle en el nuevo gobierno federal.
En febrero de 2022, la ASF detectó irregularidades en los recursos manejados por Segalmex durante los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, las cuales ascendían a 15 mil millones de pesos. En respuesta a las investigaciones sobre una red de corrupción, Ovalle fue sustituido el 19 de abril de ese mismo año por Leonel Cota Montaño como titular de Segalmex.
En septiembre de 2022, se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) había presentado 32 denuncias relacionadas con el fraude en Segalmex. En marzo de 2023, un juez del penal de El Altiplano, en el Estado de México, emitió órdenes de aprehensión contra 22 personas por delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero.
El 16 de marzo de 2023, López Obrador reiteró que Ovalle había sido víctima de engaños por parte de priistas corruptos. “Ignacio Ovalle es una persona buena, pero fue engañado por priistas con malas mañas que lo rodearon para hacer negocios”, afirmó el entonces mandatario. No obstante, semanas después, indicó que si Ovalle tuviera alguna responsabilidad en el fraude, debía asumirla, aunque reiteró que los culpables provenían de otros partidos políticos.
El 29 de junio de 2023, Roberto Salcedo Aquino, entonces titular de la Función Pública, aclaró que el desfalco ascendía a 9 mil 500 millones de pesos, y no a 15 mil millones. Ese día, López Obrador reconoció que el caso de corrupción en Segalmex era el único escándalo relevante de su administración, pero también el más doloroso.
En julio de 2024, López Obrador calificó el fraude en Segalmex como “una mancha” para su gobierno, admitiendo que el caso fue producto tanto de descuidos como de “mala suerte”. El 5 de septiembre de 2024, ya en la etapa final del sexenio, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que el fraude ascendía a 2 mil 700 millones de pesos, lo que representaba un 28% de los 9 mil 500 millones observados inicialmente.
Ese mismo día, la Procuraduría Fiscal de la Federación informó que se habían obtenido 47 órdenes de aprehensión y que 26 personas ya habían sido vinculadas a proceso penal, entre las cuales se encontraban nueve exfuncionarios y 17 particulares.