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Las autoridades confirmaron el viernes la liberación de uno de los capos más infames de México, Osiel Cárdenas Guillén, quien fue puesto en libertad tras cumplir la mayor parte de una sentencia de 25 años en una prisión estadounidense. Ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha asumido el control del caso de Cárdenas Guillén, de 57 años, conocido como “El Mata Amigos”, según informó a Associated Press un funcionario de la Oficina de Prisiones de EE.UU.

Cárdenas Guillén, quien fuera el líder del Cártel del Golfo y responsable de coordinar el tráfico masivo de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos, aún enfrenta varios cargos en México. Aunque no se ha determinado si las autoridades estadounidenses lo deportarán, una fuente anónima reveló a NBC News que el gobierno de Biden estaría considerando trasladarlo a México.

El exlíder del Cártel del Golfo es tristemente célebre por su brutalidad. Fue el creador de Los Zetas, una organización de sicarios que cometió actos de violencia extrema en México, incluyendo masacres, decapitaciones y la exhibición de cuerpos desmembrados en vías públicas.

Cárdenas Guillén fue capturado en 2003 y extraditado a Estados Unidos en 2007, donde se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión. En 2010, fue condenado a 25 años de prisión y a pagar una multa de 50 millones de dólares. Sin embargo, no está claro por qué no cumplió la totalidad de su condena.

A pesar de la captura de Cárdenas Guillén, Los Zetas continuaron operando y se convirtieron en un cártel independiente que extendió sus actividades violentas hasta el sur de Tabasco, hasta que sus principales líderes fueron abatidos o arrestados entre 2012 y 2013.

Por su parte, el Cártel del Golfo, que alguna vez lideró Cárdenas Guillén, se ha fragmentado en facciones rivales como los Metros, los Ciclones, los Rojos y los Escorpiones, tras más de una década de conflictos internos sangrientos.

Uno de los incidentes más notorios en la historia criminal de Cárdenas Guillén ocurrió en 1999, cuando ordenó detener un vehículo en el que viajaban dos agentes de la DEA y un informante en Matamoros, cerca de la frontera con Texas. Rodeados por sicarios armados, los agentes se negaron a entregar al informante, quien probablemente habría sido torturado y asesinado. Finalmente, Cárdenas Guillén ordenó a sus hombres que se retiraran, no sin antes advertirles: “Gringos, este es mi territorio”.

Este martes, Larry Rubín, presidente de la American Society of México (Amsoc), informó a EFE que las compañías estadounidenses han pausado sus anuncios de inversión en México debido a las posibles consecuencias de las reformas que actualmente discute el Congreso. Estas reformas incluyen la elección de jueces mediante voto popular, conocida como Reforma Judicial, y la eliminación de reguladores autónomos.

Rubín explicó que, dadas las circunstancias, han decidido postergar la comunicación de una significativa inversión estadounidense planeada, ya que están evaluando cómo podría afectar la certeza jurídica la mencionada reforma judicial. Esta declaración fue hecha durante una breve entrevista en el contexto de la ‘Tercera Convención Bilateral: un nuevo futuro compartido’, celebrada en Ciudad de México.

El presidente de Amsoc señaló que estos anuncios están siendo revisados internamente en la organización, la cual representa los intereses del capital privado de Estados Unidos en México, en colaboración con un equipo de expertos estadounidenses. Sin embargo, no detalló las cifras exactas de inversión.

Rubín también mencionó que una de las dos campañas presidenciales en Estados Unidos se ha acercado a la Amsoc para manifestar su preocupación sobre el impacto que podrían tener reformas tan significativas para la política interna mexicana.

Las Relatorías Especiales de la ONU han expresado su rotundo rechazo a la propuesta de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sus homólogos a nivel estatal. Esta iniciativa, que será debatida y votada próximamente por la Cámara de Diputados, ha encendido alarmas a nivel internacional.

Ana Brian Nougéres, relatora especial sobre el derecho a la privacidad, junto con Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, han instado al Gobierno federal a reconsiderar la eliminación del INAI.

En un informe especial dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las relatorías advirtieron que esta medida podría poner en riesgo el derecho a la privacidad en México. El documento subraya que suprimir el INAI sin establecer mecanismos alternativos y efectivos podría debilitar la rendición de cuentas y limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos.

“La eliminación del INAI, sin la creación de alternativas adecuadas, podría erosionar la rendición de cuentas y la participación ciudadana que esta institución ha buscado promover”, señala el reporte.

La ONU resalta que el INAI ha sido fundamental en empoderar a los ciudadanos mexicanos, dándoles control sobre su información personal en un contexto dominado por tecnologías avanzadas.

La organización internacional sostiene que una entidad autónoma como el INAI es crucial para salvaguardar los derechos fundamentales, asegurar la correcta aplicación de las leyes de protección de datos, y mantener a México como líder global en esta materia.

En respuesta, las Relatorías Especiales de la ONU han instado al Gobierno mexicano a buscar mecanismos alternativos que garanticen la transparencia, el acceso a la información y la privacidad de los ciudadanos. Además, han ofrecido asistencia técnica para facilitar la implementación de soluciones adecuadas.

El 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para disolver siete órganos autónomos, incluido el INAI. Esta iniciativa será ahora sometida a votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

Durante el inicio del primer periodo ordinario de la LXVI Legislatura, Ifigenia Martínez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y miembro del partido Morena, hizo un llamado a los legisladores a priorizar los intereses del pueblo mexicano.

Martínez subrayó la importancia de seguir consolidando la democracia y el poder legislativo, con el objetivo de avanzar en la transformación del país. Además, destacó que es esencial que los diputados mantengan un firme compromiso con México, buscando consensos en un entorno de pluralidad política, respeto y diálogo.

La legisladora instó a todos los diputados, sin importar su afiliación partidista, a diseñar una estrategia social y económica que beneficie al pueblo de México. “México exige que los trabajos legislativos que hoy iniciamos se basen en el respeto a los principios y argumentos de cada fuerza política representada en este honorable congreso”, enfatizó Martínez, añadiendo que es responsabilidad de esta legislatura escuchar todas las ideas y propuestas que contribuyan al progreso económico y social del país.

Asimismo, Martínez recordó que el Congreso de la Unión es el órgano mediante el cual el pueblo ejerce su soberanía, y al que los legisladores deben su lealtad única y exclusivamente. Enfatizó también la obligación de los diputados de hacer valer y respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en todo momento.

Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva destacó que el debate en el Congreso debe ser respetuoso, con altura de miras y siempre orientado a mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos los mexicanos.

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México ha invalidado la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, citando violencia política de género como motivo principal. Esta decisión se tomó con una votación de dos magistrados a favor, dos en contra, y el voto decisivo de Armando Ambriz. Como resultado, la constancia de mayoría otorgada a Alessandra Rojo de la Vega ha quedado sin efecto.

En la sesión pública del 31 de agosto, el Tribunal resolvió, en los juicios electorales 203, 228, 247 y 248, que “se revoca la declaración de validez de la elección y se deja sin efectos la constancia de mayoría a favor de Alessandra Rojo de la Vega”. Además, se anuló la planilla de Concejales de la coalición PAN, PRI, PRD, así como la asignación de concejales por el principio de representación proporcional.

Frente a esta resolución, Alessandra Rojo de la Vega expresó su desacuerdo en su cuenta de X, afirmando que el Tribunal Electoral “atropella la libertad y democracia de las y los ciudadanos”. En sus redes sociales, criticó duramente al Tribunal y al sistema, acusándolos de “robarse una elección que se ganó con mucho corazón contra ese sistema corrupto”.

Si decide impugnar la decisión, el caso será revisado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de conflictos internacionales debido a diversas declaraciones realizadas principalmente durante sus conferencias matutinas. Estas declaraciones han llevado a que varios países lo declaren, junto con algunos miembros de su gobierno, como persona non grata. A continuación, exploramos las implicaciones de este término y los recientes enfrentamientos diplomáticos.

El estatus de persona non grata se utiliza históricamente para prohibir la entrada de personas extranjeras a un país por orden gubernamental, según el artículo 9 de la Convención de Viena. Esta medida es una de las formas más severas de censura que puede imponer una nación sobre individuos que, normalmente, gozan de inmunidad diplomática frente a arrestos y otras formas de juicio político. Según el tratado, “El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin necesidad de justificar su decisión, notificar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata.”

En caso de que el Estado acreditante no cumpla con las obligaciones solicitadas, el país receptor tiene el derecho de rechazar al individuo como parte de la misión diplomática. Sin embargo, es importante señalar que la declaración de persona non grata no tiene efectos legales directos; más bien, refleja un rechazo público y puede perjudicar las relaciones bilaterales entre los países involucrados.

El 25 de mayo de 2023, el Congreso de Perú aprobó la Moción 6513 para declarar a Andrés Manuel López Obrador persona non grata. Esta decisión se tomó en respuesta a las críticas del presidente mexicano hacia su homóloga peruana, Dina Boluarte. La moción fue respaldada por 65 votos a favor y se hizo pública a través de la cuenta oficial de Twitter del Congreso. López Obrador, en una de sus conferencias, expresó que consideraba la declaración como un “timbre de orgullo” y agradeció el gesto.

El presidente mexicano ha continuado criticando al gobierno de Boluarte y a los legisladores peruanos, cuestionando la detención de Pedro Castillo y la autorización de la llegada de soldados estadounidenses al país.

Durante el gobierno de López Obrador, varios embajadores mexicanos han sido declarados personas non grata y han tenido que abandonar los países en cuestión en un plazo generalmente no mayor a 72 horas. A continuación, se detallan algunos casos específicos:

Raquel Serur Smeke en Ecuador: El 4 de mayo de 2024, la embajadora mexicana fue declarada persona non grata por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, tras los comentarios de López Obrador sobre el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La decisión se basó en el principio de no intervención y la Convención de Viena.

María Teresa Mercado Pérez en Bolivia: En diciembre de 2019, la entonces presidenta Jeanine Áñez declaró non grata a la embajadora mexicana María Teresa Mercado, acusándola de proteger a ex ministros del gobierno de Evo Morales. Morales, quien recibió asilo político en México durante el mandato de López Obrador, mantiene una relación cercana con el gobierno mexicano.

Pablo Monroy Conesa en Perú: En diciembre de 2022, el embajador Pablo Monroy Conesa fue declarado persona non grata por el Congreso peruano en respuesta a las críticas de López Obrador sobre la destitución y encarcelamiento del ex presidente Pedro Castillo. Monroy Conesa, quien cuenta con una extensa trayectoria en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dejó Perú afirmando que se iba con la “tranquilidad del deber cumplido.”

Este sábado, en un hecho sin precedentes, tribunales en los estados de Morelos y Chiapas han otorgado las primeras suspensiones en contra de la reforma judicial. En Morelos, la jueza Quinta de Distrito, Martha Eugenia Magaña López, ordenó a la Cámara de Diputados detener la discusión del dictamen de la reforma judicial, la cual estaba programada para este lunes. La suspensión provisional fue concedida en respuesta a un amparo promovido por un grupo de jueces que buscan frenar el avance de la propuesta impulsada por Morena y sus aliados.

Por su parte, en Chiapas, el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Felipe Consuelo Soto, otorgó una suspensión de oficio que impide a ambas cámaras del Congreso de la Unión continuar con el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial. Además, en caso de que las reformas sean aprobadas, el juez ordenó que no se envíen a los congresos estatales ni a la Ciudad de México para su ratificación, hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

En un acuerdo publicado ayer, la jueza Magaña López determinó que el dictamen discutido y aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado lunes no tendrá efectos para los jueces quejosos. La magistrada dio un plazo de 24 horas a la Cámara de Diputados para que informe sobre el cumplimiento de la suspensión provisional, advirtiendo que cualquier falsedad en su reporte podría acarrear sanciones.

La decisión de suspender la reforma judicial ha generado diversas reacciones en el ámbito legal. Melissa Ayala, abogada y colaboradora de EL UNIVERSAL, expresó en su cuenta de X su oposición a la reforma, pero también criticó las suspensiones otorgadas, señalando que agravan la situación política del país. Por su parte, el abogado Francisco Burgoa manifestó su desacuerdo con la decisión de la jueza Magaña López, afirmando que esto solo contribuirá a intensificar la narrativa en contra del Poder Judicial de la Federación. También subrayó que el Ejecutivo no tiene facultades para sancionar reformas constitucionales ni para formular observaciones al respecto.

El exministro de la Corte, Diego Valadés Ríos, calificó las suspensiones otorgadas como un “hecho inédito” y sin “fundamento jurídico”. A través de su cuenta en X, el exprocurador general de la República enfatizó que estas decisiones carecen de base legal y que no deben entorpecer la defensa de la independencia judicial.