Vecinos acusan alza de hasta 300% en predial tras cambios urbanos

El reordenamiento urbano promovido por el gobierno de la Ciudad de México comenzó a generar efectos directos en colonias del sur de la capital, donde habitantes denuncian aumentos en impuestos, reclasificación de zonas y presión inmobiliaria tras modificaciones administrativas vinculadas al nuevo modelo de desarrollo urbano impulsado por la administración de Clara Brugada.

En Olivar de los Padres, residentes reportaron que sus viviendas fueron incorporadas administrativamente a la zona de Lomas de San Ángel Inn mediante cambios de código postal realizados sin previo aviso. La modificación provocó incrementos de hasta 300 por ciento en el cobro del impuesto predial, afectando la economía de diversas familias.

De manera paralela, vecinos señalaron un aumento en el interés de desarrolladoras inmobiliarias por adquirir predios en la zona para promover nuevos complejos residenciales y corporativos.

La inquietud se extendió a otras colonias tras la revisión del Plan General de Desarrollo presentada por el gobierno capitalino. 

Organizaciones ciudadanas advirtieron que el proyecto plantea una nueva estructura para tomar decisiones urbanas mediante “Casas de Gobierno” y futuros “Consejos de Gobierno Comunitario”, organismos que serían coordinados desde la administración central y no desde las alcaldías.

Habitantes y colectivos consideran que este esquema podría reducir la capacidad de decisión de los ciudadanos sobre cambios de uso de suelo, autorización de obras y desarrollo de proyectos inmobiliarios dentro de sus colonias.

Aunque el plan incluye conceptos como “densificación estratégica”, “revitalización integral” y “vivienda asequible”, residentes de San Ángel, San Ángel Inn, San Ángel Tlacopac y Olivar de los Padres sostienen que estas figuras podrían facilitar la regularización de construcciones irregulares y acelerar procesos de especulación inmobiliaria en distintas zonas habitacionales de la capital.

Las inconformidades vecinales surgieron luego de detectar cambios administrativos y fiscales relacionados con el nuevo planteamiento urbano, mientras organizaciones mantienen alertas sobre el impacto que las modificaciones podrían tener en futuras decisiones territoriales dentro de las alcaldías.

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