La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está cerca de su desaparición. Luego de la reunión que sostuvieron los comisionados del instituto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no se alcanzaron los resultados esperados. Las propuestas presentadas por el INAI, incluyendo una reducción presupuestal de 300 millones de pesos y un plan de reingeniería, no fueron suficientes y han llegado “demasiado tarde”, indicó Sheinbaum en la conferencia de este martes.
Sheinbaum ha puesto fin a la esperanza de los comisionados de evitar la desaparición del INAI, argumentando que su existencia como organismo autónomo carece de sentido. La reforma constitucional que prevé la eliminación de siete organismos y entes autónomos, incluido el INAI, sigue en curso. La mandataria sugirió que el papel de garantizar la transparencia podría ser asumido por la Secretaría de la Función Pública, ahora llamada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Este cambio, sin embargo, plantea dudas sobre la imparcialidad, ya que concentraría la responsabilidad de supervisar al gobierno en manos del propio Estado. “La clave es garantizar la transparencia no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo y el Poder Judicial”, enfatizó.
El pasado 16 de octubre, tras la reunión entre Gobernación y el INAI, la Administración de Sheinbaum solicitó un ajuste mayor al presupuesto del organismo, sobrepasando los 300 millones de pesos propuestos originalmente. Sin embargo, la mandataria descartó cualquier ajuste en los gastos del instituto, señalando que la propuesta de desaparición ya ha sido presentada en el Congreso.
La desaparición del INAI forma parte de una serie de reformas constitucionales heredadas de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que buscan la eliminación de siete organismos autónomos, entre ellos el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. El argumento del gobierno para esta extinción masiva se basa en que estos organismos son prescindibles, cuentan con prácticas cuestionables y los recursos destinados a ellos podrían redirigirse a otras necesidades prioritarias. Según Sheinbaum, la función de transparencia recaerá en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.