Asesinan al director de procesos de la fiscalía de Jalisco: Inician la investigación

En una noche marcada por la violencia, Jaime Navarro Hernández, director general de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía de Jalisco, fue asesinado en un ataque armado ocurrido este jueves en Guadalajara. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 10:00 de la noche en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en la colonia Jardines Alcalde, una zona que ha sido testigo de diversos incidentes de inseguridad en los últimos meses.

 

La noticia del asesinato de Navarro Hernández ha conmocionado tanto a la comunidad jurídica como a las autoridades del estado. El funcionario, conocido por su dedicación en el seguimiento de casos relevantes en la fiscalía, fue atacado mientras se encontraba en su vehículo. Según los primeros reportes oficiales, un grupo armado se acercó a Navarro, abriendo fuego de manera directa. Minutos después, paramédicos arribaron al lugar para brindarle atención médica, pero confirmaron que el funcionario ya no contaba con signos vitales, tras haber recibido múltiples disparos.

 

El área fue asegurada por elementos de la policía municipal de Guadalajara, quienes acudieron al lugar tras una llamada de emergencia. A pesar de que se montó un operativo en la zona, hasta el momento no se han reportado detenidos ni se cuenta con mayores detalles sobre los posibles agresores.

 

La Fiscalía de Jalisco informó que ha iniciado una carpeta de investigación sobre el caso y que agentes de la Unidad de Investigación de Homicidios Intencionales están a cargo de las indagatorias. Como parte del proceso, se ha procedido a la recolección de indicios en la escena del crimen, incluyendo el vehículo de Navarro Hernández, que fue encontrado en el lugar de los hechos.

 

“La prioridad es esclarecer este cobarde asesinato”, declaró un portavoz de la fiscalía. Las autoridades trabajan contrarreloj para dar con los responsables, ya que este ataque representa un golpe directo a la estructura interna de la fiscalía del estado, en un contexto de creciente inseguridad en la región.

 

El asesinato de Jaime Navarro ha generado una rápida reacción por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien condenó los hechos y calificó el ataque como “un acto de cobardía”. A través de su cuenta de X, Alfaro expresó su pesar y compromiso de hacer justicia: “Jaime cumplió con sus responsabilidades y hacía un extraordinario trabajo como encargado de dar acompañamiento a cientos de delincuentes, desde su vinculación a proceso hasta sus sentencias. No descansaremos hasta encontrar a los responsables”.

 

Asimismo, el gobernador envió sus condolencias a la familia del funcionario, destacando su labor incansable dentro de la fiscalía. “Este hecho no quedará impune. Haremos todo lo necesario para que se haga justicia”, añadió Alfaro, quien enfrenta un creciente escrutinio por la inseguridad que se vive en Jalisco, uno de los estados más violentos del país en los últimos años.

 

El asesinato de Jaime Navarro Hernández se suma a una larga lista de ataques contra funcionarios públicos en México, especialmente aquellos vinculados con el sistema judicial y las fuerzas de seguridad. Jalisco, en particular, ha sido escenario de múltiples incidentes violentos, en gran parte atribuibles a la presencia de grupos del crimen organizado que operan en la región.

 

Este nuevo ataque subraya los riesgos que enfrentan los funcionarios encargados de combatir la delincuencia en el estado. Navarro Hernández era una figura clave en la fiscalía, encargado de supervisar procesos judiciales complejos que involucraban a peligrosos delincuentes, desde su vinculación a proceso hasta la sentencia. Su asesinato plantea nuevas interrogantes sobre la seguridad en la entidad y la capacidad de las autoridades para enfrentar la creciente ola de violencia.

 

Mientras continúan las investigaciones, la fiscalía de Jalisco ha prometido no escatimar esfuerzos para dar con los responsables. Sin embargo, el asesinato de Jaime Navarro deja una profunda huella en el sistema judicial de Jalisco y evidencia una vez más la fragilidad de la seguridad en uno de los estados más afectados por el crimen organizado.

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