En una decisión trascendental, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado luz verde a las acciones afirmativas que imponen a los partidos políticos la obligación de postular a 50 candidatos a diputados federales y a 9 candidatos al Senado, provenientes de pueblos originarios, afromexicanos, grupos vulnerables o del colectivo LGBTQ+.
Esta determinación del INE surge como respuesta a un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que revirtió una resolución previa del propio INE fechada el 8 de septiembre, la cual dejaba la asignación de candidaturas a la discrecionalidad de los partidos políticos.
El proceso de deliberación del Consejo del INE se llevó a cabo a lo largo del pasado viernes 24, culminando en una sesión extraordinaria celebrada ayer, la cual inició al mediodía. Durante esta sesión, se declaró un receso que se extendió por más de tres horas, reanudándose con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, detallando los términos del proyecto de candidaturas para el Senado de la República.
Taddei subrayó la relevancia histórica de las acciones afirmativas adoptadas para garantizar la participación de grupos vulnerables, pueblos originarios y del colectivo de la diversidad en las elecciones de 2024, enfatizando que “ya no tendrá marcha atrás en nuestro país”.
El acuerdo alcanzado establece que tres de las candidaturas al Senado responderán al método de representación proporcional, incluyendo un representante indígena, uno por discapacidad y uno migrante, ocupando los primeros 15 lugares de las listas de cada partido. Además, se designaron seis candidaturas de mayoría relativa, distribuidas entre cuatro indígenas, una afromexicana y una para la diversidad sexual, divididas en bloques de competitividad nacional.
Asimismo, Taddei detalló que los criterios para la obligación de presentar candidaturas indígenas en ciertos estados se basaron en aquellos con al menos un 30% de población proveniente de pueblos originarios, entre los cuales se encuentran Campeche, Yucatán, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo.
Para la Cámara de Diputados, los partidos políticos deberán postular 30 candidaturas indígenas y 20 para personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad y del colectivo LGBTQ+. Además, se han designado las entidades con al menos un 30% de población proveniente de pueblos originarios.
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