La Resistencia del INE y la justificación de su desacato como medidas para frenar la Reforma Judicial

En un esfuerzo por frenar la violencia en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acordaron reforzar la coordinación policial y mejorar los canales de comunicación entre el gobierno estatal y el federal. Esta decisión representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la seguridad en la entidad, que ha enfrentado grandes desafíos en materia de violencia en los últimos años.

 

El encuentro, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre en la Ciudad de México, contó también con la presencia del secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez. Durante la reunión, Campos expresó su disposición de colaborar con la nueva estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, subrayando la importancia de trabajar en equipo para ofrecer mejores resultados a los ciudadanos.

 

“Queremos un Chihuahua seguro, y para ello necesitamos trabajar de la mano con el gobierno federal. La seguridad es un compromiso de todos, y estamos aquí para reafirmar esa alianza”, señaló Campos al término del encuentro. La gobernadora resaltó que su objetivo es reducir los índices de criminalidad y generar un ambiente de paz y tranquilidad para los chihuahuenses.

 

García Harfuch, quien recientemente asumió su cargo al frente de la SSPC, destacó la relevancia de estas alianzas para enfrentar a los generadores de violencia en el país. “Cada estado enfrenta sus propios retos, y es fundamental que tanto el gobierno estatal como el federal estemos alineados en el mismo propósito: garantizar la seguridad de los mexicanos”, indicó el secretario.

 

El acuerdo entre Campos y García Harfuch contempla una serie de acciones para fortalecer la paz en Chihuahua y asegurar una comunicación fluida y eficaz entre las autoridades de ambos niveles. Esta cooperación permitirá coordinar mejor las operaciones policiales y optimizar el intercambio de información para actuar de manera oportuna y eficiente ante cualquier amenaza.

 

El compromiso de ambos funcionarios se da en un contexto donde la seguridad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad. Chihuahua, con su situación geográfica estratégica y sus retos históricos en materia de criminalidad, requiere de un esfuerzo concertado que pueda hacer frente a las organizaciones delictivas y los altos índices de violencia.

 

Campos enfatizó la necesidad de contar con un canal de comunicación sólido que permita atender las demandas de seguridad en el estado de forma efectiva y preventiva. “Estamos aquí no solo para escuchar, sino para actuar. La ciudadanía exige respuestas, y hoy damos un paso significativo para cumplir con esa responsabilidad”, afirmó la gobernadora.

 

Este acuerdo es visto como un paso prometedor para establecer una colaboración continua y efectiva entre el gobierno estatal y federal. Ambos mandatarios coincidieron en que solo con una estrategia bien coordinada podrán lograrse resultados concretos en la lucha contra la violencia que afecta a miles de familias en Chihuahua.

 

La sociedad chihuahuense, que durante años ha sido testigo de los estragos de la violencia, observa con esperanza este esfuerzo conjunto, que busca construir un ambiente de paz y justicia en la región.

Fiscalía General de la República Investiga a Jueces por Posible Abuso de Autoridad

La Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado múltiples investigaciones en contra de jueces y magistrados, a raíz de las denuncias presentadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo por presunto abuso de autoridad relacionado con las suspensiones otorgadas contra la reforma judicial.

De acuerdo con fuentes judiciales que prefirieron mantenerse en el anonimato, la FGR solicitó a los jueces copias de los expedientes correspondientes a las suspensiones a través de correos electrónicos que notifican sobre la investigación en curso. Los magistrados han expresado que estas acciones son tácticas para coaccionar y amedrentar, comparándolas con prácticas utilizadas en regímenes autoritarios.

Para que un juez sea procesado penalmente, se requiere primero que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) lo desafore, dado que cuentan con fuero orgánico. Aunque se pueden iniciar carpetas de investigación, la consignación ante un juez penal solo es posible si se ha declarado responsabilidad administrativa y se ha levantado dicho fuero.

Los magistrados también han presentado quejas administrativas ante el CJF a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que evalúa posibles responsabilidades. En caso de ser consideradas faltas graves, esto podría resultar en destituciones.

Algunos jueces han solicitado medidas cautelares a las Relatorías de Naciones Unidas, exigiendo que el Estado mexicano cese las persecuciones y respete la independencia judicial. En una conferencia de prensa, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, indicó que el gobierno presentará denuncias contra aquellos jueces que otorgaron amparos en contra de la reforma.

Según fuentes judiciales, hay más de 170 suspensiones otorgadas, y podría haber entre 20 y 30 jueces involucrados. A medida que se acerca el 2025, se prevé que la situación se complique, ya que un nuevo Tribunal de Disciplina tomará el relevo del CJF, lo que podría llevar a un aumento en las persecuciones políticas contra los jueces.

Nueva Iniciativa de Reforma Fortalece la Lucha contra la Tala Ilegal en México

La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado una propuesta de reforma a la administración pública federal que amplía las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para combatir la tala ilegal en el país. Esta iniciativa se presenta en un contexto relevante, ya que en poco más de un año se llevará a cabo la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado el 30 de noviembre de 2018, que incluye un capítulo enfocado en el medio ambiente.

El capítulo 24 del T-MEC establece que las naciones firmantes intercambiarán información sobre cuestiones relacionadas con la lucha contra el comercio ilícito de vida silvestre y la tala ilegal. La propuesta presidencial, recibida por la Cámara de Diputados el 30 de octubre, estipula que la Semarnat tendrá la responsabilidad de promover una economía circular y podrá realizar inspecciones para sancionar la tala, la caza ilegal, el uso no autorizado de recursos hídricos y otras acciones que dañan el medio ambiente.

Además, la reforma busca que la Semarnat regule, autorice y supervise las actividades productivas en los bosques, así como coordinar programas de conservación, uso sostenible y restauración de suelos y ecosistemas forestales. Según cifras oficiales, en 2020 México perdió 127,770 hectáreas de bosque debido a la tala clandestina, un aumento en la deforestación en comparación con el periodo 2010-2015, que reportó 91,600 hectáreas.

Entre 2018 y 2020, se presentaron 1,514 denuncias en materia forestal, de las cuales 1,179 fueron por tala ilegal, según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Recientemente, autoridades mexicanas y estadounidenses se reunieron en Washington para discutir la próxima revisión del T-MEC, enfatizando la necesidad de fortalecer a Norteamérica como una región competitiva y protectora de sus trabajadores y productores. En la firma del tratado, se acordó un mecanismo de revisión que permite la cancelación del acuerdo por cualquiera de los países firmantes 16 años después de su entrada en vigor.