Maru Campos y García Harfuch sellan alianza para combatir la violencia en Chihuahua

En un esfuerzo por frenar la violencia en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acordaron reforzar la coordinación policial y mejorar los canales de comunicación entre el gobierno estatal y el federal. Esta decisión representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la seguridad en la entidad, que ha enfrentado grandes desafíos en materia de violencia en los últimos años.

 

El encuentro, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre en la Ciudad de México, contó también con la presencia del secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez. Durante la reunión, Campos expresó su disposición de colaborar con la nueva estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, subrayando la importancia de trabajar en equipo para ofrecer mejores resultados a los ciudadanos.

 

“Queremos un Chihuahua seguro, y para ello necesitamos trabajar de la mano con el gobierno federal. La seguridad es un compromiso de todos, y estamos aquí para reafirmar esa alianza”, señaló Campos al término del encuentro. La gobernadora resaltó que su objetivo es reducir los índices de criminalidad y generar un ambiente de paz y tranquilidad para los chihuahuenses.

 

García Harfuch, quien recientemente asumió su cargo al frente de la SSPC, destacó la relevancia de estas alianzas para enfrentar a los generadores de violencia en el país. “Cada estado enfrenta sus propios retos, y es fundamental que tanto el gobierno estatal como el federal estemos alineados en el mismo propósito: garantizar la seguridad de los mexicanos”, indicó el secretario.

 

El acuerdo entre Campos y García Harfuch contempla una serie de acciones para fortalecer la paz en Chihuahua y asegurar una comunicación fluida y eficaz entre las autoridades de ambos niveles. Esta cooperación permitirá coordinar mejor las operaciones policiales y optimizar el intercambio de información para actuar de manera oportuna y eficiente ante cualquier amenaza.

 

El compromiso de ambos funcionarios se da en un contexto donde la seguridad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad. Chihuahua, con su situación geográfica estratégica y sus retos históricos en materia de criminalidad, requiere de un esfuerzo concertado que pueda hacer frente a las organizaciones delictivas y los altos índices de violencia.

 

Campos enfatizó la necesidad de contar con un canal de comunicación sólido que permita atender las demandas de seguridad en el estado de forma efectiva y preventiva. “Estamos aquí no solo para escuchar, sino para actuar. La ciudadanía exige respuestas, y hoy damos un paso significativo para cumplir con esa responsabilidad”, afirmó la gobernadora.

 

Este acuerdo es visto como un paso prometedor para establecer una colaboración continua y efectiva entre el gobierno estatal y federal. Ambos mandatarios coincidieron en que solo con una estrategia bien coordinada podrán lograrse resultados concretos en la lucha contra la violencia que afecta a miles de familias en Chihuahua.

 

La sociedad chihuahuense, que durante años ha sido testigo de los estragos de la violencia, observa con esperanza este esfuerzo conjunto, que busca construir un ambiente de paz y justicia en la región.

Colectivo de Trabajadores del INAH Exige Diálogo ante Conflictos y Ratificación de Diego Prieto

El Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) espera iniciar el diálogo prometido por la titular de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, tras la publicación de un diagnóstico detallado sobre la situación del instituto. A este llamado se han sumado tres sindicatos y un grupo independiente de trabajadores de varios Centros-INAH del país, quienes expresan su desacuerdo con la gestión de Diego Prieto, director general del INAH.

El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, con una trayectoria de 45 años, ha sido citado a comparecer el próximo 5 de noviembre por una supuesta falta administrativa. Este citatorio se emitió luego de que Cortés denunciara, en una carta de 2023, el potencial daño al patrimonio cultural relacionado con la construcción del Tren Maya. El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública convocó a Cortés para presentar su defensa, ya sea de forma escrita o verbal.

Un Diagnóstico Crítico del INAH

En agosto, el colectivo presentó un “Diagnóstico Integral del INAH” que incluye un “Memorial de Agravios” y un “Estudio de Regionalización” basado en opiniones y encuestas de empleados. Durante la conferencia de prensa, los trabajadores enfatizaron que no buscan una confrontación directa con Prieto, sino abrir un diálogo sobre las condiciones de la institución y su desempeño. En su análisis, reconocieron el progreso de la investigación arqueológica impulsada por el Tren Maya, pero señalaron el abandono de sitios como la Pirámide del Sol y museos como el de Chihuahua, con instalaciones deterioradas.

Tras la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República y la ratificación de Prieto en el INAH, diversos sindicatos han manifestado su inconformidad. El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, el Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas (SNTAMTP) y el Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural (Sinar) cuestionaron la continuidad de Prieto mediante comunicados difundidos el 7 de octubre, exponiendo preocupaciones sobre las condiciones laborales y el estado de las instalaciones del INAH.

Precarización de las Condiciones de Trabajo

El comunicado del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, dirigido a Claudia Sheinbaum, enumeró varios problemas bajo la dirección de Prieto, incluyendo la falta de personal, deterioro de instalaciones y una estructura administrativa basada en nepotismo. Por su parte, el SNTAMTP expresó su desacuerdo en un documento firmado, afirmando que la realidad de los centros de trabajo es muy distinta a lo que refleja el discurso oficial del INAH. El sindicato acusó a la administración de obstaculizar los derechos laborales y sindicales, así como de incumplir acuerdos previos con los empleados.

El Sinar también expresó desacuerdo con la gestión de Prieto y señaló el deterioro de las condiciones de trabajo en centros como Veracruz, Guanajuato y Sinaloa, donde las instalaciones son insalubres y faltan recursos básicos, como papel higiénico y combustible para los vehículos de inspección.

Diagnóstico de los Restauradores: Precariedad y Vigilancia

El sindicato de Restauradores presentó un análisis sobre la plantilla laboral, subrayando la precarización, burocratización y violación de derechos laborales. También manifestaron inquietud por la presencia de la Guardia Nacional en zonas arqueológicas, que consideran genera malestar en el público en lugar de facilitar el disfrute de los espacios culturales.

Por último, el colectivo prepara mesas de trabajo con fechas y horarios que serán anunciados próximamente, con el fin de proponer soluciones concretas ante los problemas que enfrentan los trabajadores del INAH.

 

Declinan 859 jueces y magistrados en elección extraordinaria; Senado abordará la situación

Un total de 859 jueces y magistrados de todo el país ha decidido no participar en la elección extraordinaria programada para junio de 2025, lo que supera la cifra de 721 funcionarios judiciales inicialmente inscritos para el proceso. Además, se informó que ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han presentado su renuncia o han declinado participar, lo que ha llevado al Senado a considerar el asunto en las próximas sesiones.

El Senado, mediante un listado publicado en su página oficial, también reportó que, para la elección de 2027, 65 jueces y 140 magistrados han decidido no competir por sus respectivos cargos, además de siete funcionarios en proceso de jubilación. Entre las renuncias más destacadas se encuentra la jueza Nancy Juárez Salas, quien recientemente ordenó a la Presidencia retirar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.

Otro caso relevante es el del juez Enrique Beltrán Santés, quien declinó participar en el proceso pese a haber sido sorteado. Beltrán Santés, juez de control de Almoloya de Juárez en el Estado de México, lleva actualmente el caso del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El juez Adrián Fernando Novelo Pérez, conocido por haber emitido suspensiones a la construcción del Tren Maya, y la jueza Abigail Ocampo Álvarez, señalada por autoridades federales de presuntamente “amparar delincuentes” tras otorgar un amparo a Antonio Oseguera, también figuran entre quienes decidieron no participar en el proceso de selección.

Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control en Ciudad Victoria, quien en su momento vinculó a proceso a Emilio Lozoya en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, también declinó su participación a pesar de haber sido sorteado en el proceso.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, confirmó la declinación de estos 859 funcionarios y detalló que entre ellos hay 349 jueces y 510 magistrados. Reiteró que las posiciones en disputa son 386 para jueces y 464 para magistrados, mientras que el próximo miércoles se presentarán formalmente ante el Senado las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para que el pleno decida las medidas a tomar.