Condena histórica para Genaro García Luna al ser sentenciado a más de 38 años de prisión en EE. UU.

Este miércoles, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, recibió una de las sentencias más contundentes en la historia reciente de la justicia estadounidense: más de 38 años de prisión por cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio. Además de la pena de cárcel, García Luna deberá cumplir cinco años de libertad condicional y pagar una multa de dos millones de dólares, sanciones que marcan el fin de una carrera política llena de poder y controversia.

 

La sentencia fue dictada por el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn, Nueva York, tras un juicio que mantuvo al mundo en vilo desde su inicio. García Luna, quien ha estado recluido en un penal de Brooklyn durante casi cinco años, escuchó el veredicto después de una breve intervención personal. Aunque trató de argumentar a su favor, las pruebas y testimonios presentados en su contra resultaron abrumadores.

 

El exfuncionario mexicano fue declarado culpable en febrero de este año, luego de que un jurado compuesto por 12 miembros deliberara tras tres semanas de audiencias, en las cuales se presentaron 26 testimonios. Entre los declarantes se encontraban antiguos colaboradores y miembros de los cárteles de droga, quienes aseguraron que García Luna no solo protegió a organizaciones criminales durante su gestión, sino que también facilitó el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

 

La carrera de Genaro García Luna comenzó como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) bajo el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), una dependencia cuyo objetivo era combatir el crimen organizado. Posteriormente, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia (2006-2012), García Luna fue nombrado secretario de Seguridad Pública, donde desempeñó un papel crucial en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, una estrategia que desató un violento conflicto entre las fuerzas del Estado y los cárteles.

 

A pesar de su ascenso meteórico en la política mexicana, García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, bajo cargos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Desde entonces, su detención y posterior juicio han expuesto una red de complicidades entre altos mandos del gobierno mexicano y los cárteles de la droga, manchando profundamente la imagen de las instituciones de seguridad del país.

 

El día de la sentencia, una decena de manifestantes mexicanos se congregaron en las inmediaciones de la Corte de Brooklyn, exigiendo una condena aún más severa para García Luna. Con pancartas que leían “Calderón sí sabía” y “Genaro García Luna representa al PAN”, los manifestantes clamaron por justicia, no solo por los crímenes cometidos en Estados Unidos, sino también por las consecuencias de la “guerra contra el narcotráfico” en México.

 

Uno de los manifestantes declaró: “García Luna podrá pagar por sus delitos en este país, pero aún le debe mucho a México. Nosotros somos quienes vivimos las consecuencias de sus acciones y de la estrategia fallida de seguridad”. La indignación de los presentes se centraba también en el expresidente Felipe Calderón, a quien responsabilizan por las miles de muertes derivadas de la militarización del combate al narcotráfico.

 

Entre consignas como “Calderón, te espera la prisión”, los manifestantes hicieron eco de la creciente demanda de justicia en México. Consideran que la sentencia de García Luna es solo el comienzo, y que figuras como Calderón también deberían rendir cuentas por las decisiones que llevaron al país a una ola de violencia sin precedentes.

 

La condena de García Luna marca un hito en la lucha contra la corrupción en México, ya que por primera vez un alto funcionario de tal envergadura ha sido condenado por sus vínculos con el narcotráfico en un tribunal extranjero. Esta decisión judicial pone en relieve la falta de rendición de cuentas dentro del propio sistema judicial mexicano, donde García Luna operó con aparente impunidad durante años.

 

Con este fallo, queda claro que la sombra de la corrupción no solo afecta a los gobiernos locales, sino que también permea a los más altos niveles del poder. La condena de García Luna es un recordatorio de que, aunque la justicia puede tardar, finalmente llega para aquellos que abusan de su posición para enriquecerse a costa de la seguridad de su pueblo. Mientras tanto, los ojos de México y el mundo estarán puestos en las posibles repercusiones de este veredicto en otros actores políticos del pasado reciente del país.

Magistrados y jueces denuncian reforma judicial como “golpe de Estado” y piden condena internacional

Magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación calificaron este lunes como un “golpe de Estado” la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados en el Congreso en septiembre pasado. Los funcionarios judiciales hicieron un llamado a organismos internacionales, como la ONU, y a gobiernos democráticos para condenar la medida, argumentando que representa un “retroceso jurídico y democrático”.

Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), expresó en conferencia de prensa: “Hacemos un llamado a la sociedad y a la comunidad internacional a no permanecer en silencio ante este golpe de Estado franco y abierto”.

En un sentido similar, Iliana Fabricia Contreras, magistrada y directora nacional de Organización de la JUFED, coincidió en que la reforma representa un “golpe de Estado” y advirtió que México podría estar encaminándose hacia una “dictadura”. “Hoy, no solo está en riesgo la posición de jueces y magistrados, sino la democracia y el equilibrio de poderes. Estamos en un momento en el que el Poder Judicial de la Federación podría desaparecer, lo cual es un claro camino hacia una dictadura”, afirmó Contreras.

Según la Enciclopedia Política de Rodrigo Borja, un golpe de Estado se define como “un cambio violento de gobierno que se lleva a cabo violando las normas constitucionales, en el que participan los propios gobernantes o sectores cercanos a ellos”.

La JUFED calificó la reforma judicial como un “retroceso democrático” y solicitó la intervención de la comunidad internacional, así como el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender al Poder Judicial. “Hacemos un llamado a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los gobiernos democráticos del mundo a que condenen este retroceso que coloca a México del lado de las autocracias”, señaló Fuentes Velázquez al leer un comunicado de la asociación.

Además, la organización pidió a la SCJN asumir su responsabilidad en la defensa de la independencia judicial. “Exhortamos a la Suprema Corte a que defienda al Poder Judicial en este momento histórico”, concluyeron.

La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso, ya está en marcha, con el inicio del proceso para la elección de jueces en 2025.

Zacua, el primer auto eléctrico mexicano con el que compertirá Olinia

Claudia Sheinbaum anunció que promoverá la fabricación del Olinia, un automóvil eléctrico que describió como “el primero diseñado y ensamblado en México”.

No obstante, es importante mencionar que la marca mexicana Zacua, que cuenta con una planta de ensamblaje en Puebla, ha estado en el mercado desde 2018 con su línea de vehículos eléctricos, lo que la convierte en una pionera en este sector. Zacua, que toma su nombre de un ave nativa del oriente mexicano apreciada por el emperador Moctezuma, se posiciona como “la primera marca mexicana de autos eléctricos, diseñada para proporcionar una experiencia de manejo excepcional”, según su sitio web.

Fundada en 2017, Zacua tiene como misión producir autos urbanos de cero emisiones que sean pequeños, funcionales y estéticamente agradables. La empresa es parte de Motores Limpios S.A. de C.V., enfocándose en la movilidad sustentable. Su planta de ensamblaje, inaugurada en 2018, utiliza un proceso artesanal para la fabricación de sus vehículos, que son ensamblados a mano.

Actualmente, Zacua ofrece dos modelos de autos eléctricos: el MX2 y el MX3, que se diferencian en diseño y tamaño de maletero. Ambos modelos están exentos del pago de tenencia y verificación vehicular, presentando un motor eléctrico con potencia máxima de 34kW y una batería de litio con capacidad de 18 kWh.

Según el fabricante, la batería de los vehículos puede cargarse al 100% en 8 horas, ofreciendo una autonomía de hasta 200 kilómetros. Diseñados principalmente para la ciudad, ambos autos alcanzan una velocidad máxima de 85 km/h. Además, cuentan con frenos ABS regenerativos y un sistema de frenado hidráulico.

La suspensión delantera es tipo McPherson y la trasera incluye un estabilizador de eje auto deformable. Zacua resalta que sus vehículos requieren mantenimiento cada dos años, lo que representa un ahorro para los propietarios. Aunque son autos compactos, tienen espacio para dos personas y están equipados con tecnología moderna, incluyendo una pantalla Bluetooth de 7” y aire acondicionado. El precio de estos modelos es de $599,900.00.

Por último, es relevante señalar que los autos de Zacua se fabrican bajo pedido, lo que limita su producción y diseño.