La madrugada del miércoles, el Senado de la República aprobó la Reforma al Poder Judicial, enviándola de inmediato a los congresos estatales para su ratificación. Hasta la mañana del jueves, 18 legislaturas locales ya habían dado su visto bueno, mientras que una la rechazó, y se espera que otras continúen el debate en las próximas horas.
Al igual que en la Ciudad de México, donde el Congreso de la Unión ha sido escenario de protestas, varias entidades como Yucatán y Puebla han registrado manifestaciones en contra de la reforma. A pesar de ello, se anticipaba su aprobación en los estados, dada la mayoría que posee Morena junto con sus aliados, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, en al menos 22 congresos locales.
Uno de los pilares del llamado “Plan C” de la Cuarta Transformación es justamente la aprobación de estas reformas constitucionales, donde los congresos estatales juegan un papel decisivo. A nivel federal, Morena y sus aliados necesitaron una mayoría calificada, equivalente a dos tercios del Congreso de la Unión, para avanzar con la modificación de la Constitución. Sin embargo, para que estas reformas se materialicen, deben ser ratificadas por al menos 17 de las 32 legislaturas locales, umbral que ya se ha superado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solo falta la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, algo que corresponde al Ejecutivo. Sugirió que el 15 de septiembre sería una fecha adecuada para su promulgación, dado el impacto y la importancia de esta reforma. “Es un paso hacia una verdadera democracia en México, donde el pueblo elige a sus representantes y servidores públicos”, señaló.
Morena y sus aliados son la fuerza dominante en 27 entidades federativas, aunque esto no garantiza la mayoría en todas. La interpretación de los requisitos constitucionales varía, ya que la mayoría requerida en los congresos estatales puede ser simple (50 por ciento más uno) o calificada (dos tercios), dependiendo de la interpretación de la Constitución.
El artículo 135 de la Constitución establece un proceso mixto para la aprobación de reformas constitucionales, que incluye una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso federal y la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales. Esta flexibilidad ha generado debate sobre la mayoría necesaria en los congresos locales para validar las reformas.
En las primeras horas tras la aprobación en el Senado, los congresos de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas ya dieron luz verde a la reforma.
Oaxaca fue el primer estado en aprobarla, con 41 votos a favor, mientras que Tabasco hizo lo propio con 24 votos a favor, pese a las protestas de trabajadores del Poder Judicial. Quintana Roo aprobó la reforma con 21 votos a favor y 4 en contra, mientras que Veracruz la ratificó con 32 votos a favor y 11 en contra, en una sesión extraordinaria.
En Durango, donde Morena no cuenta con la mayoría, la reforma fue aprobada con 19 votos a favor y 6 en contra, un resultado inesperado dado el equilibrio de fuerzas en el congreso local. Por otro lado, Querétaro rechazó la reforma, acelerando el proceso antes del cambio de legislatura previsto para el 26 de septiembre, cuando Morena y sus aliados podrían obtener una mayoría simple en ese estado.
A pesar de los avances, se prevé que en al menos cinco estados más, la reforma enfrente dificultades para ser aprobada, ya que la mayoría simple la ostentan partidos opositores como el PAN, PRI y PRD.