INE rechaza cambios en el PRI y desata controversia mientras que Moreno acusa por presión política

En una jugada que pocos esperaban, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó los cambios en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que permitieron la reelección de su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, hasta 2028. Con una votación cerrada de tres votos en contra y dos a favor, la decisión ha generado un verdadero terremoto político.

 

El problema principal señalado por los consejeros del INE fue el tiempo. Según el consejero Arturo Castillo, los cambios realizados por el PRI llegaron fuera del plazo permitido por la ley. 


“Para efectos estrictamente legales, no se debe admitir una reforma hecha en tiempos expresamente vedados por la ley”, declaró enfático. Y es que, según el INE, el artículo 32 de la Ley General de Partidos Políticos establece plazos claros que no pueden ser ignorados, ni siquiera por un partido con la trayectoria del PRI.

 

El consejero Uuc-kib Espadas también tomó una postura firme, subrayando que los derechos de los partidos no son propiedad de sus líderes. “Estoy convencido de que los derechos de los partidos no son derechos de sus dirigentes, sino del conjunto de la militancia partidista”, afirmó. Esta declaración golpea directo al corazón de la polémica: un dirigente no puede cambiar las reglas del juego a su favor sin consultar primero a su base.

 

Alejandro Moreno, conocido popularmente como “Alito”, no tardó en responder. En conferencia de prensa, acusó al INE de actuar bajo presiones políticas y de buscar influir en las decisiones de los legisladores. 


“Estos temas de presión llegaron, cambiaron ahora el sentido del voto y quieren un dictamen en contra, eso es claro”, expresó Moreno, sugiriendo que todo forma parte de un juego de poder más grande que él mismo.

 

Senado se prepara para discutir la reforma judicial mientras surge debate sobre número de votos necesarios

Este martes 10 de septiembre de 2024, el Senado de la República llevará a cabo la primera lectura del dictamen de la reforma judicial, iniciando así formalmente la discusión en el pleno. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido un intenso debate sobre cuántos votos necesita Morena para aprobar la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, garantizó una amplia discusión en el pleno, asegurando que todas las voces presentes en la Cámara serán escuchadas y que el resultado de la votación será respetado.

La reforma judicial busca democratizar la elección de más de 1,600 puestos judiciales, incluyendo jueces, magistrados y ministros, a través de elecciones populares escalonadas. En 2025 se elegiría a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la mitad de los jueces y magistrados de distrito, mientras que la otra mitad sería elegida en 2027.

Entre los puntos clave de la reforma se encuentra la reducción de los ministros de la SCJN de 11 a 9, con una presidencia rotatoria cada dos años, determinada por el porcentaje de votos obtenidos en un sistema de representación proporcional. La duración de los cargos variaría: 14 años para los más votados, 11 y 8 años para los que reciban menos votos.

Además, la reforma propone la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo encargado de vigilar la conducta del personal judicial y de aplicar sanciones cuando corresponda. Los magistrados de este tribunal también serían elegidos en las urnas en 2025.

Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, necesita una mayoría calificada para que la reforma sea aprobada en el Senado, ya que se trata de una reforma constitucional. La mayoría calificada implica obtener al menos dos tercios de los votos de los legisladores presentes en el pleno, según la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado.

Si los 128 senadores están presentes durante la votación, serían necesarios 86 votos a favor. No obstante, algunos senadores, como Adán Augusto López, han sugerido que solo se necesitan 85 votos debido a un cálculo matemático que considera el “resto mayor o menor” al determinar la mayoría calificada.

Adán Augusto López explicó que, según algunos cálculos, la mayoría calificada sería de 85 votos, basándose en que cuando el “resto mayor” es mayor a 50, el número se ajusta hacia abajo. Según sus palabras, “la ley dice que son 85.36, si las matemáticas no fallan”.

Este criterio ha sido debatido previamente. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un decreto del Congreso de Morelos al no alcanzar el número suficiente de votos, aplicando el principio de aproximación por exceso. Según este enfoque, las dos terceras partes de los 128 senadores representan un 66.666% de los votos, lo que solo se alcanza con 86 votos, no con 85.

Incluso en 2022, el entonces senador Ricardo Monreal reconoció que se requerían 86 votos para la mayoría calificada en una sesión en la que participaran todos los senadores.

Suspenden sesión en la Cámara de Diputados por protestas en San Lázaro

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió cancelar la sesión ordinaria prevista para este martes 10 de septiembre, debido a que los accesos a San Lázaro han sido bloqueados por trabajadores de juzgados y tribunales federales. Estas manifestaciones, que llevan seis días, son en protesta contra la reforma del Poder Judicial.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, informó a la presidenta de la Mesa Directiva, Ifigenia Martínez, sobre el acuerdo. Además, se pidió a los diputados de los distintos grupos parlamentarios mantenerse disponibles en caso de que se les convoque de manera urgente a una sesión el miércoles 11 o jueves 12 de septiembre.

“Los integrantes de la Junta de Coordinación Política hemos decidido no sesionar el martes 10 de septiembre debido a la falta de condiciones. Si la situación persiste, se tomará la decisión correspondiente. Sin embargo, si surge un asunto urgente, este órgano de gobierno actuará en consecuencia”, expresó Monreal en el documento dirigido a Martínez.

La cancelación de la sesión, donde se planeaba discutir la reforma constitucional sobre derechos indígenas, responde a la situación en los alrededores de San Lázaro. Los trabajadores del Poder Judicial han impedido el acceso a las instalaciones, y la medida busca proteger la seguridad de manifestantes, empleados y legisladores, explicó Monreal.

Finalmente, Monreal solicitó a la Mesa Directiva que informe a la colegisladora para que se otorgue el aval constitucional necesario.