En un giro inesperado dentro de uno de los casos legales más controvertidos de los últimos años, Carlos Ahumada Kurtz, empresario argentino-mexicano, ha sido absuelto del delito de fraude genérico tras una resolución judicial que ha puesto fin a su proceso legal en México. La decisión del juez Rubén Godínez Cerón, con sede en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, marca un hito en la batalla legal de Ahumada, quien fue acusado de obtener beneficios económicos a través de manipulaciones y engaños.
Después de una audiencia que se prolongó por alrededor de tres horas, el juez determinó la prescripción del delito de fraude genérico que se le imputaba a Ahumada, lo que significa que el empresario no deberá cumplir la pena de un año, 10 meses y 23 días de prisión ni la reparación del daño económico, que ascendía a 26 millones de pesos, exigida por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.
La resolución judicial se basó en la aplicación estricta de la ley, un punto que Ahumada destacó al final de la audiencia. “Le agradezco que usted haya resuelto en estricto apego a derecho”, declaró el empresario, visiblemente aliviado, mientras se dirigía al juez Godínez Cerón. Estas palabras, aunque simples, reflejan la tensión y el alivio tras un proceso que lo tuvo bajo escrutinio público durante años.
El caso de Ahumada ha sido seguido de cerca tanto en México como en Argentina, países donde su figura ha estado rodeada de controversias. En su país natal, Argentina, Ahumada había enfrentado previamente un proceso judicial que culminó en su extradición a México, bajo acusaciones similares de fraude. Sin embargo, su arribo a la Ciudad de México el 16 de julio de este año y la posterior resolución judicial parecen haber cerrado uno de los capítulos más turbulentos de su vida.
El delito de fraude genérico, según el Código Penal Federal de México, implica la obtención de un beneficio económico mediante engaños o manipulaciones. Ahumada fue acusado de cometer este delito, lo que lo llevó a enfrentarse a un proceso legal prolongado y complejo. No obstante, la determinación del juez de declarar prescrito el caso ha dejado a muchos preguntándose sobre el manejo de la justicia y los tiempos en que esta se aplica.
El artículo 386 del Código Penal Federal define claramente el fraude como la acción de “engañar a uno o aprovecharse del error en que éste se halla para obtener ilícitamente alguna cosa o alcanzar un lucro indebido”. Las penas por este delito pueden variar considerablemente, desde sanciones menores cuando el valor defraudado es bajo, hasta condenas de hasta 12 años de prisión si el monto involucrado supera las 500 veces el salario mínimo. En el caso de Ahumada, las acusaciones iniciales apuntaban a una cantidad significativa, lo que en su momento justificó la gravedad de las sanciones propuestas.
Sin embargo, la prescripción del delito, que ocurre cuando ha transcurrido un periodo de tiempo suficiente sin que se haya dictado sentencia definitiva, fue la clave que permitió a Ahumada evitar la prisión. Este concepto legal, aunque controversial, es un derecho que protege a los acusados cuando el Estado no actúa dentro de un plazo razonable para resolver un caso.
Con la resolución a su favor, Carlos Ahumada podrá regresar a Argentina, dejando atrás un proceso judicial que podría haber cambiado drásticamente su vida. No obstante, el caso sigue siendo un tema de debate en los círculos legales y mediáticos de México, donde la percepción pública sobre la justicia y su capacidad para procesar casos de alta complejidad queda nuevamente bajo la lupa.
