Ante la crisis limonera en Apatzingán el gobierno de Michoacán asume el control

El corazón de la industria limonera en Michoacán late con dificultad. En medio de un paro que ya lleva tres días y afecta gravemente la producción en los municipios de Apatzingán y Buenavista Tomatlán, el gobierno estatal ha decidido tomar una medida drástica: asumir el control del Tianguis Limonero de Apatzingán. Esta intervención busca estabilizar el mercado del cítrico y, al mismo tiempo, desarticular las redes de extorsión que asfixian a los productores locales.

 

Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán, anunció la decisión luego de una reunión con altos mandos militares de la 43 Zona Militar, ubicada en Apatzingán, así como con representantes de los productores y empresarios del sector. “Nosotros ofrecimos y el planteamiento es que, por algunas semanas, como gobierno de Michoacán, nos hagamos cargo de este Tianguis Limonero, para nosotros tener el control y la revisión de dónde viene la fruta, la trazabilidad de qué áreas y parcelas viene, el control de la venta, y todo eso que permita también regular ciertos procesos”, explicó Torres Piña, subrayando la necesidad de una intervención urgente.

 

Esta acción busca, en primer lugar, garantizar la seguridad de los productores, quienes han denunciado que el crimen organizado les exige hasta tres pesos por cada kilogramo de limón que comercializan. Estas extorsiones, sumadas a los bajos precios pagados por las empacadoras, han llevado a los limoneros al borde de la desesperación.

 

El paro limonero que afecta a Apatzingán y Buenavista Tomatlán no es un problema aislado. “Se mezclan varios temas”, reconoció Torres Piña. “Al ser poca la fruta que se cosecha en este periodo, el costo no es rentable, y si a esto le agregas estos elementos externos que tú señalas, por supuesto que se mezclan”. Las declaraciones del secretario reflejan la complejidad de una situación que no solo tiene un impacto económico, sino también social y de seguridad.

 

La producción de limón en Michoacán, que anualmente alcanza las 600 mil toneladas, es una de las más importantes a nivel nacional. Sin embargo, el bajo costo del producto en el estado, donde los limoneros reciben entre 7 y 11 pesos por kilogramo, contrasta drásticamente con los precios en otros estados del país, donde el mismo cítrico se vende entre 20 y 50 pesos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha señalado este factor como una de las principales causas de la crisis actual.

 

El costo de producción no es el único factor que sofoca a los limoneros. Los productores han revelado, bajo condición de anonimato, que el crimen organizado ha incrementado las tarifas de extorsión, haciendo aún más difícil su labor. Los cárteles implicados en estas actividades, según se ha identificado, son Cárteles Unidos (Los Viagras y Blancos de Troya), Los Caballeros Templarios, el Cártel de Acahuato y el Cártel de Tepalcatepec. Este último controla las extorsiones en Tepalcatepec y La Ruana, dos zonas históricamente conflictivas.

 

Ante este panorama, la intervención del gobierno en el Tianguis Limonero no solo busca regular el precio del limón, sino también cortar las fuentes de ingresos ilícitos de estos grupos. La trazabilidad de la fruta y el control de la venta se perfilan como herramientas clave en esta estrategia.

 

Aunque la decisión del gobierno de Michoacán representa un paso audaz, el éxito de la medida dependerá de su implementación y de la capacidad de las autoridades para sostener el control en un entorno dominado por la violencia y la corrupción. La intervención del Tianguis Limonero de Apatzingán es, en muchos sentidos, una prueba de fuego para la administración estatal, que deberá demostrar su determinación y eficacia frente a uno de los desafíos más complejos que enfrenta el sector agrícola en la región.

 

Los productores, por su parte, mantienen la esperanza de que esta medida sea el primer paso hacia una solución más duradera que les permita trabajar en paz y obtener un precio justo por su esfuerzo. Como señaló uno de ellos, “Lo que necesitamos es que nos dejen trabajar, que nos paguen lo justo, y que no tengamos que temer por nuestras vidas cada vez que salimos al campo”.

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