El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrían revisar sus criterios actuales sobre la sobrerrepresentación de diputados plurinominales, según Jorge Alcocer Villanueva, director de la revista Voz y Voto. Alcocer sostiene que los organismos electorales podrían reinterpretar las normativas a la luz del principio pro-persona, que prioriza los derechos humanos, y ajustarse a los principios de la reforma electoral de 1996, que buscó reflejar la pluralidad política en el Congreso.

El debate gira en torno a la interpretación del artículo 54 de la Constitución, que establece la asignación de sobrerrepresentación por partido. El gobierno federal y el partido Morena han abogado por esta interpretación literal para asegurar una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, mientras que otros argumentan que la asignación debería considerar las coaliciones, como lo estipula la fracción IV del artículo.

Alcocer recordó que en 2015, Morena criticó la interpretación literal de la ley que favoreció a la coalición PRI-Partido Verde. En contraste, ahora, al ser la fuerza política mayoritaria, debería adoptar una posición coherente y rechazar la interpretación que buscan imponer.

Además, Alcocer destacó que la asignación de senadurías de primera minoría ha sido históricamente basada en coaliciones, no en partidos individuales, según el artículo 56 de la Constitución. Por tanto, sería lógico aplicar un principio similar al establecer límites de sobrerrepresentación legislativa.

El exasesor de la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000 advirtió que la intención de Morena de alcanzar el 75% de las curules sería una alteración significativa del equilibrio político, y argumentó que ninguna fuerza política debería superar los 300 diputados para preservar la pluralidad.

Luego del fallecimiento de soldados durante prácticas no protocolarias en la playa de Ensenada, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado cambios significativos en el Reglamento de la Ley de Educación Militar. El nuevo decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, detalla las nuevas causales para la baja de personal en las Instituciones Educativas del Sistema Educativo Militar.

Entre las nuevas normativas, se incluye la expulsión de quienes: cometan actos que menoscaben la dignidad militar o pongan en riesgo la integridad de otros estudiantes; exijan dádivas o participen en actividades de agio; resulten positivos en pruebas de consumo de drogas o se nieguen a las pruebas toxicológicas; maltraten física o psicológicamente a otros cadetes; o enfrenten procesos penales con medidas cautelares que limiten sus actividades en la institución.

El 5 de marzo, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, informó que se investiga una posible “novatada” en el Centro de Adiestramiento “El Ciprés” en Ensenada, que resultó en la muerte de seis cadetes. Actualmente, el director del centro está detenido por presuntos delitos de desobediencia y abuso de autoridad. El general Sandoval aclaró que las prácticas realizadas no formaban parte del programa oficial de adiestramiento.

El nuevo reglamento también establece sanciones para quienes asistan a la institución en estado de ebriedad, consuman narcóticos en las instalaciones, o causen daños graves durante el servicio. Además, prohíbe la publicación de imágenes del personal militar que puedan dañar la imagen de la institución, y regula la realización de tatuajes y perforaciones visibles durante la permanencia en la institución.