La Comisión de Puntos Constitucionales ha aprobado de manera unánime una reforma a la Constitución en materia de Austeridad Republicana, que establece que ningún funcionario público podrá recibir un salario superior al del presidente de la República, quien actualmente gana 136 mil 700 pesos mensuales. La iniciativa fue respaldada con 36 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones.

La reforma modifica los artículos 73, 94, 116, 122, 127 y 134 de la Constitución para asegurar que los salarios de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación no superen el estipulado para el presidente, y que estos no puedan ser reducidos durante su mandato. Además, los ahorros generados por estas medidas se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, según uno de los artículos transitorios.

Durante el debate, se presentaron siete reservas, de las cuales solo una, de Morena, fue aprobada. Los legisladores destacaron la importancia de la reforma para asegurar que los ingresos de los servidores públicos se ajusten a los estándares de austeridad.

El diputado Gerardo Fernández Noroña argumentó que esta reforma era necesaria debido a la resistencia de algunos funcionarios del Poder Judicial a cumplir con las normas de austeridad. La diputada Cynthia Iliana Castro del PRI expresó el apoyo de su partido a la medida, subrayando que los servidores públicos deben ganar lo justo y servir al pueblo.

Por su parte, el diputado Jorge Triana del PAN manifestó su apoyo a la reforma pero advirtió sobre la necesidad de aplicar la medida de manera equitativa, sin cargar la mano sobre un poder independiente.

La reforma ha sido remitida a la Mesa Directiva y se debatirá y votará en el Senado en la próxima legislatura.

Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal han instado a las autoridades venezolanas a que publiquen de manera urgente todos los registros de la reciente elección presidencial. Estos países, que forman parte de la Unión Europea, buscan asegurar la plena transparencia del proceso electoral.

La petición surge en medio de crecientes preocupaciones por las denuncias de fraude en los comicios, en los que, según la autoridad electoral, Nicolás Maduro habría obtenido un tercer mandato.

En un comunicado emitido por el gobierno italiano, los siete países expresaron su “fuerte preocupación” por la situación en Venezuela y subrayaron la necesidad de una revisión exhaustiva para validar la voluntad del pueblo. Además, pidieron respeto por los derechos de todos los venezolanos, incluidos los líderes políticos, y condenaron cualquier forma de represión o amenaza hacia ellos.

La declaración, promovida por Italia y Francia, coincidió con las manifestaciones en todo Venezuela contra la reelección de Maduro. Las protestas, que comenzaron tras las acusaciones de fraude, han resultado en la muerte de once civiles y la detención de más de 1,000 personas desde el lunes.