La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció que impugnarán la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió propaganda gubernamental durante las campañas pasadas, afectando los principios de imparcialidad y equidad en tres de sus conferencias matutinas.
Durante una reunión del gabinete de seguridad, que por primera vez fue abierta a los medios de comunicación, Alcalde informó que junto con la Consejería Jurídica están preparando la impugnación. La funcionaria explicó que la Sala Especializada del TEPJF resolvió que el presidente, el titular del Cepropie y otros servidores públicos de Comunicación Social de Presidencia vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en las mañaneras del 20, 21 y 24 de mayo, al referirse a temas de infraestructura en salud, minería y reducción de la pobreza, exaltando logros de la actual administración en un periodo inapropiado para la difusión de estos temas.
Alcalde señaló que, según la autoridad electoral, no hubo beneficio indebido para la entonces candidata Claudia Sheinbaum ni para los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM).
En otro asunto, la secretaria informó que el jueves, en comisiones de la Cámara de Diputados, se aprobaron las primeras cuatro reformas del paquete de 20 presentadas por el Ejecutivo el 5 de febrero. Entre estas reformas están la relacionada con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mejoras en materia de vivienda, incrementos salariales por encima de la inflación y la elevación a rango constitucional del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
La consejera jurídica, María Estela Ríos, destacó la importancia del avance en comisiones de la reforma que eleva a rango constitucional el derecho de los trabajadores a recibir una pensión igual a su último salario. Ríos recordó que una minoría de legisladores había interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, pero al elevarse a categoría constitucional, dicha acción quedaría sin efecto.
Alcalde mencionó que el 9 de agosto se discutirán las iniciativas sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como el acceso prioritario al agua para consumo humano y doméstico. El 13 de agosto están programadas las iniciativas sobre prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, extorsión y fentanilo. Para el 14 de agosto, se discutirán las relacionadas con la industria eléctrica, internet y empresas estratégicas del Estado; el 15 de agosto, la de la Guardia Nacional; y finalmente, el 22 de agosto, la del Poder Judicial.
Se espera que estas iniciativas sean aprobadas por el pleno de la próxima Legislatura y, de ser así, pasen al Senado.