SEP es obligada a implementar prueba PISA en 2025 por orden judicial

SEP es obligada a implementar prueba PISA en 2025 por orden judicial

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México se encuentra ante un nuevo desafío tras la resolución judicial que le ordena coordinar la aplicación de la prueba PISA durante abril y mayo de 2025. Este mandato surge a raíz de un amparo promovido por la organización civil Educación con Rumbo, la cual busca asegurar la continuidad de esta evaluación internacional en el país. 

El Poder Judicial de la Federación emitió una suspensión definitiva que obliga a la SEP a llevar a cabo todas las gestiones necesarias para la realización de la prueba PISA en México en 2025. Este fallo también garantiza la ejecución de una prueba piloto programada para octubre de este año, la cual estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

 

En un comunicado, Educación con Rumbo celebró la decisión judicial, destacando que “la aplicación de la prueba PISA es fundamental para definir las políticas públicas en materia educativa de la siguiente administración”. Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de la organización, enfatizó que este es un paso crucial para mejorar la educación en México.

 

La SEP ha comenzado a trabajar en el cumplimiento de esta resolución, y uno de sus primeros avances ha sido la colaboración con el Ceneval para la prueba piloto de octubre. Esta evaluación preliminar permitirá ajustar los detalles necesarios para la aplicación de la prueba PISA en 2025, asegurando que México cumpla con los estándares internacionales.

 

“La participación del Ceneval es un avance significativo en el cumplimiento de lo ordenado por el Poder Judicial. Estamos comprometidos a realizar todos los trámites y gestiones para garantizar la aplicación de la prueba PISA”, declaró un portavoz de la SEP.

 

El tema de la prueba PISA ha generado un intenso debate en el ámbito educativo mexicano. El pasado 8 de mayo, Claudia Sheinbaum, entonces candidata presidencial, expresó su desacuerdo con la idea de que el sistema educativo deba enfocarse en preparar a los estudiantes específicamente para esta evaluación.

 

“Es como si las preparatorias se dedicaran a preparar a los estudiantes para pasar el examen de admisión a la UNAM”, comentó Sheinbaum en una conferencia de prensa en Veracruz. La ahora presidenta electa argumentó que “la educación no debe estar centrada en pasar un examen, sino en enseñar y aprender desde la ciencia, las humanidades, la lectura y todo lo que representa el verdadero aprendizaje”.

 

Sheinbaum insistió en que “elevar el nivel de la prueba PISA no puede ser el objetivo principal del sistema educativo”. Sus declaraciones han sido apoyadas por algunos sectores que consideran que la educación debe ser más holística y menos enfocada en evaluaciones estandarizadas.

 

La decisión del Poder Judicial y la consecuente obligación de la SEP de aplicar la prueba PISA en 2025 tienen implicaciones significativas para el futuro de la educación en México. Esta evaluación, que mide el desempeño de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, es considerada una herramienta importante para comparar el sistema educativo mexicano con el de otros países y para identificar áreas de mejora.

 

Amozurrutia subrayó que “la prueba PISA proporciona datos valiosos que pueden guiar la formulación de políticas educativas más efectivas y equitativas”. Además, destacó la importancia de que estas evaluaciones se realicen de manera continua para tener una visión clara de los avances y desafíos en el sector educativo.

 

Cuestiones de Política 

Directorio

Poderes Judiciales Estatales Saturados por Delitos de Alto Impacto

Los poderes judiciales estatales están desbordados por la carga de trabajo en casos de delitos graves como robos, extorsiones y homicidios, con un promedio de 200 a 800 casos por juez en algunos estados.

Las causas penales iniciadas en 2022 duplican a las que se cierran, con solo uno de cada 10 casos llegando a sentencia. El resto se resuelve mediante soluciones alternas, cancelaciones del proceso o acuerdos de culpabilidad, siendo el 90% de las sentencias condenatorias.

La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente en discusión, sugiere la elección directa de jueces federales y estatales. Un análisis de datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023 del Inegi muestra que en 2022 se iniciaron 237,752 nuevos procesos bajo el sistema penal acusatorio, mientras que solo se resolvieron 111,620, dejando un total de 387,945 casos pendientes.

En promedio, cada uno de los 1,785 jueces locales tendría 217 casos, pero en realidad la carga varía significativamente. Estados como Puebla y Tabasco tienen jueces con más de 800 y 700 casos respectivamente. Otros estados con altas cargas incluyen Baja California, Coahuila y Veracruz, con entre 440 y 480 casos por juez.

En 31 de las 32 entidades, se abrieron más casos de los que se resolvieron. Baja California, por ejemplo, solo resolvió el 3.6% de los casos iniciados en 2022, mientras que Veracruz y Tabasco también presentan altas cargas de trabajo con más de 400 procesos por juez. Ciudad de México es la única excepción, habiendo resuelto más casos de los que inició en 2022, con un promedio de 93 casos por juez.

Xóchitl Gálvez celebra fallo del TEPJF contra AMLO

Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, expresó su satisfacción por el reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que confirmó la indebida intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral.

En sus redes sociales, la senadora panista lamentó que el presidente no enfrente consecuencias por sus acciones y urgió a los legisladores de Morena a aprobar su iniciativa para tipificar como traición a la patria la injerencia del Ejecutivo en los comicios, permitiendo así su sanción.

“Es oficial: la última instancia del @TEPJF_informa confirma que el Presidente intervino en el proceso electoral. Sí fue una elección de Estado. Lamentablemente, @lopezobrador_ no será castigado. Para que no se repita, invito a legisladores de Morena a que aprueben la reforma que propuse para que si el titular del Ejecutivo viola la ley electoral sea sancionado con traición a la patria. ¡Basta de abuso de poder!”, escribió Gálvez en su cuenta de X.

El TEPJF determinó que en varias conferencias mañaneras, el mandatario violó los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad, además de hacer un uso indebido de recursos públicos al difundir propaganda gubernamental durante el periodo prohibido.