Héctor Saúl Téllez, diputado federal del PAN, expresó su respaldo a ciertos aspectos de la reforma al Poder Judicial presentada por el Presidente, especialmente en lo que respecta a la austeridad. Sin embargo, alertó sobre los peligros de elegir jueces y magistrados mediante voto popular, argumentando que esto comprometería la autonomía y la separación de poderes.

Téllez subrayó que la independencia judicial podría verse amenazada por el crimen organizado y diversos intereses particulares, tanto económicos como políticos. Además, señaló que el sistema judicial propuesto no cumple con los compromisos internacionales sobre independencia y autonomía judicial, y podría socavar los principios de división de poderes y destruir instituciones democráticas esenciales para equilibrar el poder.

Aunque el PAN respalda medidas como la austeridad, Téllez insistió en la necesidad de acuerdos entre la mayoría legislativa y otras fuerzas políticas, incluyendo al PAN, para una reforma judicial efectiva y gradual que evite un colapso institucional.

El diputado destacó la importancia de los Diálogos Nacionales sobre las Reformas Constitucionales al Poder Judicial como un espacio para lograr consensos y fortalecer la independencia del Poder Judicial.

En lugar de elecciones directas para jueces y magistrados, el PAN propone la creación de comités de selección independientes, integrados por miembros de los poderes Judicial y Legislativo, académicos y representantes de la sociedad civil, para elegir a los candidatos más calificados.

Téllez también sugirió la implementación de audiencias públicas para examinar las calificaciones y antecedentes de los candidatos, y la búsqueda de mecanismos que mantengan la autonomía judicial y fortalezcan los procesos de selección con criterios técnicos.

Finalmente, el PAN propone la creación de jurados populares para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones judiciales, permitiendo una participación directa en la impartición de justicia, como se contempla en la Constitución.

El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente reveló los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola y los pagos a colaboradores del medio Latinus durante su conferencia matutina del 3 de julio. Especialistas han señalado que esta acción viola normas de protección de datos personales y de secreto fiscal.

“Pon la lista de a los que les paga Latinus”, instruyó López Obrador después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, presentara la lista. Gómez aclaró que Loret de Mola no está involucrado en ninguna denuncia presentada por la UIF contra Latinus por presuntos delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ya en 2022, López Obrador había divulgado los ingresos anuales de Loret después de que Latinus publicara un reportaje sobre una casa en Houston en la que vivió uno de los hijos del presidente, señalando un posible conflicto de interés.

Según los expertos, difundir los ingresos de un particular contraviene el artículo 16 de la Constitución, que garantiza el derecho a la protección de datos personales. También se vulnera la Ley de Protección de Datos Personales, que protege la privacidad individual salvo por razones de seguridad nacional o para proteger derechos de terceros. Además, esta divulgación infringe el derecho al secreto fiscal establecido en el Código Fiscal de la Federación y viola artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.

López Obrador solicitó al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que pidiera al SAT y a Hacienda que certificaran los datos de los ingresos de Loret de Mola, aunque este no es funcionario público y el INAI no tiene atribuciones para solicitar esa información.

Diego García Ricci, profesor de derecho de la Universidad Iberoamericana, afirmó que el presidente solo podría haber revelado esa información con el consentimiento de Loret de Mola o si este ya la hubiera hecho pública. Comparar los ingresos del periodista con los suyos, como hizo López Obrador en 2022, es una violación de derechos fundamentales, pues los salarios de servidores públicos son de acceso público por ley, no así los de los particulares.

Javier Martín Reyes, politólogo y académico del CIDE, considera que la divulgación de información personal del periodista es una represalia e intento de intimidación. Añadió que las conferencias matutinas son actos oficiales del presidente, no de un ciudadano, y que usar esa plataforma para difundir información privada es un acto ilegal y una forma de persecución política.

Los especialistas concluyen que es preocupante que un presidente exponga datos de un particular, algo inédito en la historia reciente de México. Para ellos, el mecanismo de protección para periodistas o una denuncia por violación al secreto fiscal son posibles vías de acción ante esta situación.