El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé que al menos el 60% de las más de 170,000 casillas instaladas en las elecciones de 2024 serán objeto de un recuento “voto por voto”. Esta medida, determinada por las leyes electorales mexicanas, se aplica cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 1%, cuando el número de votos nulos supera dicha diferencia, o en caso de errores en la transcripción de las actas.

Martín Faz, consejero presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, explicó que esta noche los 300 consejos distritales determinarán el número final de casillas a recontar. La información se presentará mañana en una sesión del Consejo General del INE. Faz destacó que este proceso no debe ser visto como una alarma, recordando que en las elecciones de 2018 se recontaron el 75% de las casillas, a pesar de una amplia diferencia en los resultados.

“Estamos calculando que quizá vaya a haber una cifra superior al 60 por ciento de recuento por diferentes causales”, comentó Faz, subrayando que las reuniones previas con los partidos políticos definirán las casillas sujetas a recuento.

Las principales causas para el recuento son:

• Número de votos nulos superior a la diferencia entre el primer y segundo lugar.
• Errores de transcripción entre el cartel final de la elección y las actas.
• Discrepancias entre los números escritos con letra y los números numéricos en las actas.

Faz enfatizó la importancia de los cómputos distritales, que comienzan este miércoles, para resolver cualquier inconsistencia. “A partir de mañana, en los cómputos distritales, todas esas pequeñas inconsistencias se pueden resolver”, afirmó.

El consejero Faz reconoció que errores humanos pueden ocurrir, especialmente debido al cansancio de los funcionarios que cuentan los votos. Sin embargo, subrayó que la ley prevé mecanismos para corregir estos errores y asegurar la validez de los resultados. Los recuentos voto por voto son una herramienta esencial para mantener la integridad y transparencia del proceso electoral.

“Como ha ocurrido en todas las elecciones, inconsistencias siempre existen en los procesos electorales, pero tienen que ver con errores humanos del funcionariado”, explicó Faz, destacando que los cómputos distritales son el medio para resolver estas discrepancias.

Todos los partidos políticos recibirán hoy copias de las actas de las casillas y podrán compararlas con las actas en su posesión. Podrán solicitar recuentos adicionales si detectan inconsistencias. Este proceso de verificación es crucial para asegurar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de los votantes.

Faz hizo un llamado a la mesura, recordando que los recuentos son una práctica normal prevista por la ley. Reiteró que los resultados finales y definitivos se basarán en las actas originales verificadas durante los cómputos distritales, no en los carteles informativos pegados fuera de las casillas.

“Los carteles que están pegados afuera de las casillas no tienen ningún valor legal, son meramente informativos. Si se cometió un error en la transcripción, está bien que se señale, pero lo que cuenta son las actas originales”, concluyó Faz.

El INE reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad en el proceso electoral de 2024. Con un recuento de al menos el 60% de las casillas, se asegura que cada voto sea contado y validado correctamente, garantizando la confianza del electorado en los resultados finales. La colaboración de los partidos políticos y la supervisión detallada de las actas son elementos clave para mantener la integridad del proceso democrático en México.

La alcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa, del Partido Acción Nacional (PAN), fue asesinada el pasado jueves en un ataque armado que conmocionó a la comunidad. Sánchez Figueroa caminaba cerca de la plaza principal de Cotija, acompañada por sus escoltas, cuando un grupo de hombres armados abrió fuego desde una camioneta en movimiento.

El atentado, que tuvo lugar alrededor de las 8:45 horas en la calle Javier Mina, fue confirmado por la Guardia Civil de Michoacán. La alcaldesa fue trasladada de urgencia a un hospital regional bajo un fuerte despliegue policial y militar, donde lamentablemente no pudo sobrevivir a las heridas.

En el ataque también resultó herido uno de los escoltas de Sánchez Figueroa. Aunque su estado de salud ha sido reportado como estable y fuera de peligro, el incidente ha generado un profundo sentimiento de inseguridad y temor en la localidad.

Este trágico suceso no es un caso aislado. Yolanda Sánchez había sido previamente secuestrada el 23 de septiembre de 2023 en Zapopan, Jalisco, presuntamente por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La alcaldesa estuvo retenida por tres días antes de ser liberada por sus captores a elementos de la Policía Municipal de Villamar, una localidad vecina a Cotija. En su declaración ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), Sánchez Figueroa había revelado diversas peticiones realizadas por sus secuestradores.

El contexto de violencia en la región ha sido alarmante. El regidor panista Arnulfo García Figueroa fue privado de su libertad el pasado 7 de marzo y continúa desaparecido. Además, el 28 de mayo, hombres armados realizaron disparos al aire cerca de la plaza principal de Cotija, durante el cierre de campaña de Estrella Mendoza Méndez, candidata de la alianza Morena-PT-PVEM.

Las autoridades han identificado la presencia de múltiples organizaciones criminales en Cotija, incluyendo células del CJNG, Los Viagras, Cártel de Los Reyes (Cárteles Unidos) y Los Pájaros Sierra, una escisión del CJNG. Esta proliferación de grupos delictivos ha exacerbado la violencia y la inseguridad en la región.

La muerte de Yolanda Sánchez Figueroa representa una pérdida significativa para la comunidad de Cotija y subraya la peligrosa realidad que enfrentan muchos servidores públicos en México. La violencia contra alcaldes y funcionarios ha ido en aumento, con estadísticas que muestran un preocupante incremento en los asesinatos y agresiones en los últimos años.

En una declaración, la Guardia Civil de Michoacán enfatizó la necesidad de intensificar las medidas de seguridad y cooperación entre las distintas fuerzas del orden para combatir el crimen organizado y proteger a los funcionarios públicos. “La lucha contra estos grupos criminales requiere un esfuerzo coordinado y sostenido para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades”, afirmó un portavoz de la Guardia Civil.