Casi dos años después de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), llevada a cabo en medio de la campaña para la revocación de mandato, el Tribunal Electoral emitió sanciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por incurrir en propaganda con fines electorales.

En la jornada del 20 de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad, que diversas figuras públicas cometieron infracciones durante el periodo prohibido de la revocación de mandato.

Además de AMLO y Sheinbaum, también se sancionó a Del Mazo por difusión de propaganda gubernamental, vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como el uso indebido de recursos públicos durante dicho periodo.

La resolución del Tribunal responde a las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN), que alegó la difusión de propaganda gubernamental durante la inauguración del AIFA y en las conferencias mañaneras del 21, 28 y 30 de marzo de 2022, así como en diversas publicaciones.

Según el PAN, en estos eventos se destacaron logros, acciones y proyectos gubernamentales con el objetivo de obtener respaldo ciudadano, utilizando recursos estatales.

Aunque la Sala Regional Especializada ya había determinado previamente la existencia de dichas infracciones, los servidores sancionados apelaron a la Sala Superior.

El magistrado presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, confirmó la difusión indebida de propaganda gubernamental y señaló el uso indebido de recursos públicos en la realización y difusión de los eventos.

No obstante, los magistrados revocaron parcialmente la sentencia, indicando que Alfredo del Mazo solo será sancionado por el uso indebido de recursos públicos.

En mayo de 2023, el Tribunal Electoral ya había determinado la responsabilidad indirecta de López Obrador en la propaganda gubernamental difundida durante la consulta de revocación de mandato, al no impedir que los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el de Petróleos Mexicanos, mencionaran programas gubernamentales en una conferencia.

En una nueva escalada del conflicto en el Instituto Nacional Electoral (INE), la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la designación de la Secretaría Ejecutiva, el cargo operativo más relevante del sistema electoral, se vio frustrada el día de ayer.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, sorprendentemente bloqueó sus propias candidaturas al cargo, generando tensiones en la institución.

En una reunión privada celebrada la tarde del martes, Taddei formalizó las propuestas de dos nombres para ocupar la Secretaría: María Elena Cornejo, actual encargada de despacho, y Miguel Ángel Patiño, director ejecutivo de Organización Electoral.

Sin embargo, durante la deliberación, Taddei y tres consejeros afines (Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López) se abstuvieron de manifestar su apoyo o rechazo a alguno de los candidatos.

En contraste, el bloque de consejeras y consejeros que abogaron por un acuerdo decidido, respaldaron a María Elena Cornejo. Con siete votos a favor, que incluían a Carla Humphrey, Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera, Arturo Castillo, Martín Faz y sorprendentemente a Uuc-kib Espadas, quien previamente se había confrontado con el grupo contrario a Taddei, se acercaron a asegurar el nombramiento.

A pesar de que solo faltaba un voto para garantizar la designación de Cornejo, la consejera presidenta evitó respaldar su propia propuesta, repitiendo el patrón con Miguel Ángel Patiño, quien también fue considerado como opción para resolver el estancamiento, pero no obtuvo el respaldo de Taddei ni de sus consejeros afines.

Funcionarios del INE señalaron que la consejera presidenta no ofreció argumentos para rechazar sus propias propuestas, limitándose a afirmar que, como líder del consejo, no debía pronunciarse al respecto.

Este episodio marca la primera vez en la historia del IFE-INE que un consejero presidente presenta una propuesta a la Secretaría Ejecutiva sin comprometer su voto para respaldarla en el Consejo General, donde se requieren ocho de 11 votos para aprobar su nombramiento.