Adán Augusto López Hernández, aspirante presidencial de Morena, ha pedido en diversas Asambleas Informativas desarrolladas en los Estados de la República,  la creación de un frente para defender los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

López Hernández ha calificado la oposición como un “berrinche político” y ha condenado los intentos por frenar el proyecto educativo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En diferentes puntos de la república. Desde Cuautitlán, Tecámac, Villaflores en Chiapas y Tlaxcala, López Hernández ha defendido la distribución de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), calificando la oposición como un “berrinche político”.

En Chiapas, López Hernández aseguró que todos los partidarios de la Cuarta Transformación van a defender no sólo a la institución educativa, sino al derecho a la educación pública, laica y gratuita que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), además de la planta docente y alumnos de los planteles.

La presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña, aseguró que la reforma constitucional en materia laboral implicó cambios radicales en la impartición de justicia por parte del Poder Judicial de la Federación (PJF) y los órganos judiciales locales, ya que se transitó hacia una nueva forma de analizar las relaciones entre trabajadores, empleadores y sindicatos.

De acuerdo a un comunicado del CJF, la ministra participó en la inauguración del Ciclo de Conversatorios Nacional del Sistema de Justicia Laboral, el cual fue privado, y destacó que la reforma estableció la conciliación como una instancia administrativa prejudicial obligatoria y que el Estado mexicano al formar parte del T-Mec está obligado a garantizar el acceso a todas las personas para la aplicación de las leyes laborales y dotar los recursos necesarios para seguir avanzando en los compromisos internacionales adquiridos.

Resaltó que la reforma revitalizó los principios sociales que inspiraron al Constituyente de Querétaro a incorporar el derecho al trabajo como el reflejo de las luchas de aquel momento, y hoy, a dar respuesta a los complejos procesos de la globalización y cambios económicos, sociales y culturales que ha vivido el país.

“Es así, que por determinación del propio Constituyente el PJF es pieza fundamental en la justicia laboral, ante un renovado esquema de solución de conflictos. Por ello, es necesario concretar las etapas para su implementación, apostando por más órganos jurisdiccionales, personas juzgadoras, personal operativo, peritos y asesores jurídicos que permitan el adecuado funcionamiento de la justicia laboral.

“Quienes laboramos en el PJF constituimos el factor esencial y determinante en la impartición de justicia, por eso la profesionalización, excelencia y constante capacitación es una meta relevante para el CJF”, refirió.

En su intervención el consejero Sergio Javier Molina Martínez detalló que el nuevo sistema es un referente internacional que es seguido con interés por países de América del Norte, Latinoamérica y Europa, que reconocen la transformación que México adoptó al dejar atrás un esquema de justicia que prevaleció por 100 años; además de haberlo instrumentado durante la pandemia y llevar adelante la capacitación de más de 63 mil personas en materia de derecho laboral. (Información de El Universal Online)

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, otorgó una suspensión al estado de Coahuila para frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos para el siguiente curso escolar.

El gobierno del priista Miguel Ángel Riquelme solicitó a la SCJN frenar la distribución de los nuevos libros, por argumentar que ni la Secretaría de Educación Pública (SEP), ni la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), siguieron los procedimientos legales para la elaboración de los libros.

“Se concede la suspensión para el único efecto de que no se distribuyan los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, en el que se verificará que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los planes y programas de estudio, establecidos en la LGE”.

En su resolución, apuntó que “el interés superior de los niños, niñas y adolescentes debe considerarse para la elaboración de las normas y la aplicación de los planes y programas de estudio; asimismo, se debe garantizar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas en educación, salud, cultura, entre otros”.

Coahuila se convierte así en el segundo estado en obtener una suspensión de un ministro de la corte. El pasado 11 de agosto, el ministro Aguilar concedió una suspensión al gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista María Eugenia Campos Galván.

Esto, tras admitir una controversia constitucional promovida por ese estado en contra de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por supuestas violaciones en la aprobación de los nuevos materiales educativos obligatorios en los primeros seis años de la educación primaria.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) impugnó la resolución del ministro y pidió al Pleno de la Suprema Corte “rescatar el derecho a la educación gratuita para la infancia”.

“Ante el atropello del ministro Aguilar y la gobernadora de Chihuahua, SCJN debe rescatar el derecho a la educación gratuita para la infancia. De no ser revocada, la decisión del ministro Aguilar Morales causará daño irreversible a cientos de miles de estudiantes de Chihuahua al impedir que se distribuyan los libros de texto gratuitos”, lamentó la Presidencia.

Días antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se detendría la distribución de los libros en Chihuahua, hasta que finalice el procedimiento jurídico iniciado por dicho estado.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, aseguró que su gobierno cumpliría con esa resolución, “aún cuando es violatoria de la Constitución, porque es una facultad del (Poder) Ejecutivo elaborar los libros y distribuirlos”.

Adelantó que se daría seguimiento al proceso legal para revertir la decisión, “porque no queremos que por culpa de estos irresponsables y deshonestos políticos conservadores, reaccionarios, se queden los niños, los estudiantes de Chihuahua sin libros”. (Información de Aristegui Noticias)