Morena interpuso 33 denuncias contra Alejandra del Moral, así como los partidos que la impulsan: PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó que Morena pretende judicializar el proceso electoral de gobernador en el Estado de México ante la “cerrada” contienda entre su aspirante, Alejandra del Moral y Delfina Gómez.

Morena, señaló, busca arrebatar por la vía judicial lo que está perdiendo su candidata, cuyas preferencias electorales, afirmó, se siguen desplomando.

Este posicionamiento ocurre después de que el partido guinda diera a conocer que ha entablado 33 denuncias contra Alejandra del Moral y las fuerzas políticas que la postulan: PRI, Acción Nacional (PAN), el de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza Estado de México (NAEM).

El tricolor, encabezado por Eric Sevilla, consideró que, contrario a los tintes triunfalistas de sus discursos, los dirigentes de Morena están aterrados ante el crecimiento en las preferencias electorales de Alejandra Del Moral entre los mexiquenses.

Por eso, señaló, ahora busca judicializar la elección con denuncias que, desde su punto de vista, rayan en lo absurdo.

Enfatizó que, históricamente, ningún partido que presume un absoluto primer lugar en las encuestas y que asegura que la tendencia ganadora es irreversible, se preocupa tanto por quien va en segundo lugar en las preferencias.

Esto, dijo, deja en claro que el partido Morena está intranquilo ante la tendencia al alza de Alejandra del Moral y busca cualquier pretexto para atacarla, incluso incurriendo en violencia política de género.

El Revolucionario Institucional lamentó que Morena gaste baterías en presentar quejas ante las autoridades electorales, que solo son de relleno y no abonan en nada en la vigilancia de la legalidad del proceso, pues carecen de fundamento jurídico.

Finalmente, aseguró que, en todo momento, la campaña de Alejandra del Moral se ha ajustado y cumple a cabalidad con las leyes electorales; y ofreció que así seguirá porque el PRI es el principal comprometido en cumplir la ley.

El gobierno actual ha decomisado 2 mil millones de recursos en efectivo a los cárteles de las drogas, el doble que los mil millones incautados en el sexenio pasado.

Al mejor estilo del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, los narcotraficantes mexicanos prefieren evitar los bancos o los negocios inmobiliarios por algo mucho más simple, como es guardar en colchonetas, en sus propias casas, grandes cantidades de dinero en efectivo generadas por sus actividades ilegales.

De manera creciente, las autoridades mexicanas han incautado importantes cantidades de pesos y de dólares pero no desde cuentas electrónicas ni de paraísos fiscales, sino en forma de fajos y paquetes físicos.

Una investigación de MILENIO muestra que en los últimos meses han resultado más efectivas las incautaciones millonarias por parte del Ejército mexicano; estadísticas revelan un alza en cuanto a la cantidad de dinero asegurado, sobre todo a lo largo de 2022.

Desde diciembre de 2018, es decir cuando inició la actual administración federal, hasta enero de 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incautó a lo largo y ancho del país 104.77 millones de dólares y poco más de 182.71 millones de pesos.

Eso representa, sumados los decomisos tanto en moneda mexicana como estadounidense, el equivalente a algo más de 2.1 mil millones de pesos.

La información se ha venido revelando año con año, y es resultado del saldo de operativos para combatir a la delincuencia organizada, un programa permanente del Ejército.

Ante la persecución constante y el recrudecimiento en las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los narcos han optado por guardar el dinero en efectivo a la vieja usanza: debajo del colchón o en escondites que al final son descubiertos en los aseguramientos.

Esta modalidad contrasta tremendamente con la de capos como, por ejemplo, Rafael Caro Quintero, quien solía resguardar y canalizar su dinero a través de negocios legales que pudieran disfrazar el origen ilícito.