Felipe Calderón, ex presidente de México, publicó un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter donde pidió a los usuarios de la red social que leyeran un hilo del periodista Kevin Sieff, del Washington Post, donde se describe que el Gobierno de México provocará daños a nivel ambiental y cultural con la construcción del Tren Maya, ya que se ha encontrado en el sitio un asentamiento maya enterrado.

Calderón Hinojosa citó la publicación de Kevin Sieff para difundir la investigación que realizó el diario estadounidense: “Por favor, gente del gobierno o de la ciudadanía, vean hilo sobre el #TrenMaya. Es un crimen ambiental y contra el Patrimonio Nacional y de la Humanidad lo que están haciendo! #sélvamedeltren”, expresó.

El Tren Maya es una obra que se realiza en el sureste de México, en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. El proyecto se ha mantenido en distintas controversias con organizaciones que han estado en contra de esta obra gubernamental.

Este 7 de diciembre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un comunicado titulado: México: El gobierno y las empresas deben abordar los impactos negativos del proyecto Tren Maya, dicen expertas y expertos de la ONU.

En este documento, se lee que “Las y los expertos de la ONU han manifestado hoy su preocupación por que el proyecto de 1,500 kilómetros del Tren Maya en la península de Yucatán, en México, ponga en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible”.

En el comunicado de la ONU también se señala que los especialistas están preocupados “por la falta de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas implicadas en el proyecto, cuyo coste se estima en 20,000 millones de dólares”

También señalaron que las empresas e inversores de España, Estados Unidos y China deben responder a los conflictos de derechos humanos ligados a la construcción de este tren turístico.

El Instituto Nacional Electoral (INE) firmó este viernes convenios con los Organismos Públicos Locales (OPL) de Coahuila y el Estado de México para coordinar esfuerzos institucionales y establecer las bases que permitan la realización de las elecciones del 4 de junio de 2023, donde se renovarán ambas gubernaturas.

En ambos casos el proceso electoral arranca formalmente el 1 de enero de 2023 y las precampañas el día 14 del mismo mes, aspirantes como Delfina Gómez, de Morena, ya se encuentra recorriendo el Estado de México bajo el cargo de “coordinadora de los comités de Defensa de la 4T”. misma situación que Enrique Vargas del Villar, del PAN, y Alejandra del Moral, del PRI.

Lorenzo Córdova Vianello expuso que los convenios constituyen la hoja de ruta de la colaboración que el INE brindará a cada OPL en la organización de las elecciones locales de 2023 que serán la antesala de los comicios de 2024.

El Estado de México cuenta con 12.5 millones de electores y Coahuila 2.4 millones, por lo que estas dos entidades representan casi el 16 por ciento del Padrón Electoral de todo el país.

El presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales, Martín Faz Mora, pidió a las autoridades electorales demostrar en los hechos que el Sistema Nacional Electoral funciona y funciona bien, para así no dar pie a las falsas narrativa

La consejera Carla Humphrey Jordan señaló que “las autoridades del Estado de México y Coahuila cumplirán al máximo y con toda pulcritud y a cabalidad con sus obligaciones para mantener el prestigio de nuestro sistema democrático.

Carla Humphrey precisó que los convenios incluyen campañas de actualización, de credencialización, la lista nominal de electoras y electores, diversos insumos registrales, la capacitación a más de 171 mil funcionarias y funcionarios de Mesas Directivas de casilla, la instalación de más de 24 mil 400 casillas en ambas entidades federativas.

La consejera Norma De la Cruz Magaña apuntó que el INE y los OPL de Coahuila y Estado de México comparten una responsabilidad de Estado. “Cada uno en el ámbito de nuestras atribuciones y competencias, y aunque con actividades diferenciadas, la cooperación y coordinación es un binomio necesario para hacer funcional y eficaz el andamiaje constitucional y legal creado para organizar elecciones limpias, transparentes y confiables”.